La Justicia condenó a Barreda por impuestos impagos de la casa donde asesinó a su familia

El odontólogo Ricardo Barrera fue condenado por la Justicia a cumplir con el fisco bonaerense pagando alrededor de 26 mil pesos en impuestos adeudados de la casa situada en 48 entre 11 y 12, donde masacró a su familia a tiros de escopeta, el 15 de noviembre de 1992.

La medida dispuesta por la jueza María Ventura Martínez (Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4) podría constituirse en el primer antecedente sobre una delicada situación que podría afrontar en adelante el cuádruple femicida, ante el Estado, el resto de la familia e incluso acreedores privados.

Por lo pronto, Ventura Martínez falló en favor de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que llevó a Tribunales la deuda por el impuesto inmobiliario correspondiente al periodo que va de 2012 a 2017. A los 26 mil pesos hay que sumar los intereses y las costas del juicio.

No es lo único que adeuda el inmueble de la masacre. Barreda y su esposa Gladys Mc Donald (57) compartían la propiedad de esa vivienda, de otra en Mar del Plata y de dos autos, un Ford Falcon y un DKW, arrumbados en la casona de 48.

Según pudo saberse, en distintas instancias la Provincia reclama unos 195 mil pesos. Resta resolverse otros tres juicios en tribunales del fuero contencioso administrativo de la Ciudad.

Según explicó el abogado defensor del odontólogo, Eduardo Gutiérrez, su cliente no fue notificado de la decisión de Ventura Martínez.

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No obstante eso, el letrado aclaró que su cliente solo es titular del 50 % de los bienes. Tras ser declarado indigno de acceder al restante 50 % por haber asesinado a la titular (Mc Donald), sus herederas directas (las hijas Cecilia y Adriana) y su suegra Elena Arreche, también heredera potencial de bienes familiares, solo podría disponer de la mitad de todo y afrontar las responsabilidades fiscales en esa proporción.

La sucesión de los derechos de las mujeres asesinadas está en trámite en el fuero Civil y Comercial. Según pudo saberse ayer, hay familiares de sangre de las mujeres asesinadas que se presentaron a reclamar ese derecho.

“Si hay una demanda o apremio hay que ver si ejecutan contra el 50 % o el 100 %”, analizó Gutiérrez. Así, la Provincia debería presentarse también en el juicio de sucesión, donde aparece hasta una casa de velatorios, con la boleta por el servicio fúnebre de las víctimas.

Otro de los interrogantes que surgió en torno de la porción de la deuda por la que falló Ventura Martínez, deriva de su coincidencia con el inicio del trámite de expropiación de la casa, que se votó en la Legislatura Provincial con la finalidad de transformarla en un centro de prevención y atención del flagelo de la violencia de género.

Según señaló Gutiérrez, ese proceso no se cumplimentó. “Se votó una ley pero no se hizo el depósito (del dinero correspondiente a esa decisión de expropiar), pero se reclama el pago de impuestos”, repasó el cuadro.

En otro orden, el abogado consideró que “si hay un -juicio- sucesorio debe haber un administrador del acervo, que se encargue de pagar los impuestos”. Según los recaudadores, en el periodo 2012-2017, nadie se presentó. En las circunstancias que se describen su defensor no descartó que pudiera avanzar con un juicio de expropiación inversa de la casa.