El comienzo del fin del Consenso Fiscal

La semana estuvo movilizada por la noticia del DNU presidencial, que dejó sin efecto al Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero.

Frente a ello, quedaron shockeados por la decisión, quienes tienen a cargo las administraciones locales. De recordarse que el Fondo suprimido fue creado mediante Decreto del PEN 206/2009, con el objeto de financiar las provincias y en los Municipios, obras que contribuyeran a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbito urbano o rural. El mismo estaba integrado con el 30% de las sumas que el Estado nacional percibe en conceptos de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y derivados.

Intendentes y gobernadores aseguran que el Estado nacional al derogarlo de manera unilateral, ha incurrido en una inusitada vulneración del sistema federal de concertación y de la institucionalidad, como así también ha violentado los compromisos asumidos por todas las jurisdicciones en la firma del Consenso Fiscal suscripto el año pasado, y lo acordado en el Presupuesto Nacional para el año corriente.

La supresión del Fondo Federal Solidario (Decreto 756/2018) representa un claro desfinanciamiento, a nivel provincial y sobretodo municipal, sin perder de vista que el mismo había sido creado mediante decreto, un “parche” más del régimen de coparticipación federal.

La Ley de Presupuesto Nacional 2018, establece que el Fondo Federal Solidario no integra el Presupuesto de la Administración Nacional 2018, ello en virtud de que los recursos del mismo se distribuirán entre las jurisdicciones que aprueban y cumplan con el Consenso Fiscal, sin incluir al Estado Nacional, de acuerdo a la distribución prevista para la coparticipación federal, y por consiguiente sin haberse derogado la misma, torna inaplicable incorporar esos recursos a la órbita nacional.

Las provincias muestran un incremento en su participación, los municipios no reciben en la misma proporción

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No debe soslayarse, que esa ley convenio, resulta un acuerdo de coordinación para el ejercicio de facultades concurrentes y de reglamentación de facultades extraordinarias compartidas de redistribuir. Se trata de una oferta de acuerdo formulada en una ley nacional y la aceptación de dicha oferta por leyes provinciales, por ende tratándose de un acto de naturaleza bilateral no pueden ni la Nación, ni las provincias resolver lo convenido en forma unilateral.

Pese a ello, el accionar del Ejecutivo Nacional es a la inversa, habida cuenta que la derogación del Fondo, implica la abrogación de las leyes provinciales por las cuales adhirieron en su momento al mencionado decreto, lo que implica lisa y llanamente una vulneración a lo dispuesto por los artículos 5º, 122 y 123 de la Constitución Nacional. Para entender la magnitud de la medida, en el Presupuesto General del Ejercicio 2018 de la Provincia de Buenos Aires se contemplan transferencias a los municipios en concepto de “Fondo Federal Solidario” del orden de los 1.630 M de pesos. (a julio/18 ya se coparticiparon $ 1.000 M), con una proyección alarmante para el año que viene.

Algunos actores dialoguistas creen en la posibilidad de acordar con la Nación

La participación de los municipios de la Provincia de Buenos Aires en el periodo 2009- junio 2018 en el total de los recursos totales provinciales sólo creció un 1,6%. Mientras que las provincias en ese mismo periodo vieron crecer su proporción en el total de recursos nacionales en 5%. Esto implica que mientras las provincias muestran un incremento en su participación, los municipios no reciben en la misma proporción ese crecimiento en los recursos. Intendentes, gobernadores y Fiscales de Estado, están en constante diálogo y algunos ya han avanzado en la judicialización del asunto a través de amparos solicitando medidas cautelares que suspendan la decisión presidencial.

Algunos actores dialoguistas creen en la posibilidad de acordar con la Nación una alternativa que suplante ese fondo en el contexto de la ley de presupuesto 2019. Otros más radicalizados, creen que es el final del nuevo federalismo de concertación, del cual ya había quedado afuera San Luis y La Pampa, y temen que los fondos suprimidos queden en la órbita de la Nación y se distribuyan discrecionalmente por color político. Pretenden asimismo la urgente salida de sus jurisdicciones del Consenso Fiscal firmado recientemente, sin negarse a afrontar la distribución del déficit con la Nación, que exigen las finanzas locales y los organismos de crédito extranjeros.