La Defensoría pide que se suspenda la audiencia por el aumento del gas

Ante el descalabro del dólar, la Defensoría del Pueblo salió a pedir en las últimas horas la suspensión de la próxima audiencia en la que se planteará una nueva actualización de la tarifa del gas.

“En este contexto económico y político es descabellado pensar en un nuevo aumento de servicios públicos, cuando el gobierno no puede controlar la inflación”, expresó el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, al tiempo que pidió que se suspenda la audiencia convocada para el próximo 4 de septiembre.

Lorenzino explicó que el pedido de suspensión también responde a una razón formal, que tiene que ver con que las empresas distribuidoras del servicio no cumplieron con la obligación de informar con antelación cuál es la propuesta de actualización.

En esa línea, el Defensor provincial sostuvo que “este incumplimiento vulnera los derechos constitucionales de acceso a la información, clara y veraz. Además, impide la posibilidad de emitir opinión como así también de realizar un intercambio responsable de ideas”.

Según prevé la resolución N°184 del Directorio de ENARGAS, las licenciatarias deben presentar ante dicha Autoridad Regulatoria los cálculos correspondientes al cuadro tarifario propuesto con el objetivo de que se pueda realizar una adecuada valoración considerando el impacto que generan los incrementos en las economías familiares. Asimismo, la información debe estar disponible para la consulta de los interesados.

La disparada del dólar ha planteado un complejo escenario sobre todos los precios de la economía, y en particular, los de la energía porque están dolarizados. A la cuestión de la suba en los combustibles, que comenzará a verse en las pizarras este fin de semana (ver aparte), se agrega la incertidumbre acerca de cuánto se encarecerá un servicio esencial para la gente, como es el gas natural.

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Una situación que hay que tener en cuenta es que las empresas prestatarias del servicio habían hecho cálculos sobre la tarifa con un dólar ubicado en un rango de $28 a $31, pero ese plan quedó sobrepasado por los acontecimientos de la última semana.

El ministro de Energía, Javier Iguacel, había prometido que las recomposiciones en las tarifas del gas iban a estar en torno al 30%, pero la disparada del dólar plantea serios interrogantes a esa posibilidad. Trascendió, incluso, que antes de que el peso atravesara una nueva depreciación, las distribuidoras ya planteaban la necesidad de una mejora de sus tarifas del 70%.

Como se sabe, la tarifa de gas se actualiza en base a distintos componentes. Una parte por la variación de la inflación (estimada en 28% para el semestre que termina a fines de septiembre): el otro ingrediente, más significativo en las facturas, es el precio del gas en “boca de pozo”, cuyo valor está en dólares y cuya última actualización, en abril de este año, se definió cuando la divisa norteamericana rondaba los $20,55, muy lejos del $37,40 al que cerró ayer.

Trascendió que ante esta coyuntura, las empresas distribuidoras habrían presentado al Energas dos opciones de cuadros tarifarios: uno con subas más moderadas y en línea con lo que pretendía el ejecutivo nacional, y otro con subas que ascienden hasta el 150 por ciento.