

concejales del frente de todos, ayer, durante la conferencia/fdt
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También votará en contra del aumento de tasas y las rezonificaciones. Sin embargo, el oficialismo tiene número para su sanción
concejales del frente de todos, ayer, durante la conferencia/fdt
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
En ciernes de un nuevo año electoral, el peronismo platense se plantó ayer para anticipar su rechazo a las principales ordenanzas que Julio Garro busca sancionar en el Concejo Deliberante en la última sesión del año, que se llevará a cabo hoy. Se trata del Presupuesto municipal 2021, el aumento de tasas y el paquete de proyectos que impulsó para la rezonificar unas 1.000 hectáreas rurales de la periferia. Todas iniciativas que, si bien el Intendente cuenta con mayoría para su aprobación en el recinto, la oposición promete batallar con fuertes críticas.
Así lo expresaron ayer los concejales del Frente de Todos durante una conferencia de prensa en la que anticiparon su voto negativo al Presupuesto de la Comuna, que será tratado hoy en el recinto. El cálculo de gastos que Garro envió al deliberativo para el año próximo es de 16.734 millones de pesos, sin grandes modificaciones de criterio, más allá que las distribuciones a direcciones y áreas fusionadas.
Al respecto, el peronismo lanzó ayer duros cuestionamientos, entre ellos, a la importante erogación prevista para la recolección de residuos y la disposición final en la Ceamse, calculada en 5.000 millones de pesos, así como el incremento del 17 por ciento al área de Desarrollo Social, respecto de este año, lo que consideraron “demasiado magro en comparación con la estimación de la inflación”, prevista oficialmente en el 29 por ciento.
También refutaron la fuerte reducción en las partidas destinadas a la secretaría de la Producción, que de los 214 millones de pesos imputados en 2020, dispondrá el año que viene de 35 millones.
Respecto de la ordenanza Impositiva, el Ejecutivo municipal previó un incremento de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) del 35 por ciento promedio y de hasta el 71 por ciento para los inmuebles de mayor valuación fiscal.
En tanto, respecto de la tasa de Alumbrado, la norma prevé la reformulación del criterio de cobro, que será proporcional al consumo de energía eléctrica de cada domicilio o industria, con una suba del 50 por ciento para los que menos consumen y hasta 400 por ciento para las facturas más abultadas.
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El peronismo rechazó los incrementos de estos gravámenes, entre ellos, también, el diputado provincial Guillermo Escudero, quien advirtió que se presentará en la Suprema Corte. Al mismo tiempo, sectores del empresariado local ya habían realizado manifestaciones en contra de la medida, advirtiendo de la crítica situación que sufren desde el inicio de la pandemia.
El único punto que ayer no fue cuestionado por el bloque del Frente de Todos fue el que mantiene los incrementos a la tasa de Seguridad e Higiene realizados a mediados de año para entidades bancarias, empresas de cable y telefonía e hipermercados, al entender que se trata de los rubros que han sido menos afectados por la cuarentena, en comparación con la industria y el comercio.
El contexto de la confección y presentación del Presupuesto fue subrayado por el Ejecutivo comunal, en atención a la fuerte caída de la recaudación que sufrió a partir de marzo, con el inicio de la cuarentena estricta y la posterior profundización de la crisis económica.
Junto a sus compañeros de bancada Guillermo “Nano” Cara, Yanina Lamberti, Cristian Vander, Virginia Rodríguez, y Sabrina Bastida, ayer, Victoria Tolosa Paz recargó las tintas cuestionando al Departamento Ejecutivo por la falta de una ordenanza que se aboque a determinar el modo de percibir un gravamen extra a los propietarios de tierras que se revalorizan por cambios de indicadores urbanísticos.
El concepto se denomina “plusvalía” y, en base a la propuesta de la edil peronista, propone retener el 5 por ciento del valor fiscal de las tierras que pasan de rurales a urbanas, con el fin de utilizar los fondos recaudados en obras de infraestructura urbana y planes de vivienda social.
El planteo responde al paquete de tres ordenanzas enviadas al Concejo por el gobierno de Garro para otorgar indicadores urbanos a unas 1.000 hectáreas rurales de las zonas norte, sur y oeste.
Consultada por EL DIA, la secretaria de Planeamiento, María Botta, afirmó que el tributo “ya existe en la ordenanza fiscal” que se votará hoy e indicó que el cálculo de las alícuotas que los propietarios de esas tierras deberán abonar rondará “entre el 18 y el 30 por ciento” de la diferencia del valor de la propiedad antes y después de ser urbana.
Y aseguró que “nuestra decisión como Ejecutivo es establecer el hecho imponible en la reglamentación de la ordenanza fiscal”, afirmando que “todos los que serán beneficiados pagarán el tributo”.
La modalidad para percibirlo fue cuestionada por Tolosa Paz, quien afirmó que “esa manera de calcular la plusvalía no sirve porque no se sujeta a la ley de Hábitat, se requiere una ordenanza nueva que el oficialismo no quiere sancionar”, rechazó, asegurando que, si lo hiciera, la Comuna recaudaría unos “400 millones de pesos” por la medida.
Y añadió que “la Dirección de Ordenamiento Urbano provincial no aprobará estas rezonificaciones en estas condiciones”.
En este marco, la sesión prevista para hoy será la última del período legislativo en el Concejo Deliberante local, y promete contar con tensos y variados cruces políticos de los dos principales bloques políticos. Al menos en el escenario del recinto, los concejales de ambos espacios recién volverán a verse las caras en febrero, cuando ya esté en marcha la cuenta regresiva rumbo a las legislativas.
Para sumar quejas y críticas, la oposición no olvidó ayer mencionar la elección del Defensor ciudadano y su adjunto, que se realizará también durante el cónclave de esta tarde.
Es que la comisión de Enlace que debe definir el acuerdo para designar la terna y su posterior elección, no concluyó sus reuniones en buenos términos. Para el cargo de ómbudsman, Juntos por el Cambio propone a la ex concejal, entonces del massismo, Marcela Farroni, en tanto que la oposición eligió al locutor Martín Castro, en tanto que la tercera es la psicóloga Nora Napolitano.
Para el adjunto, el oficialismo impulsa al actual: Tulio Marchetto. Y aquí radica el conflicto, dado que el peronismo impulsaba a Jesús María Plaza y cuestionó su uso de la mayoía por parte del garrismo, la que alcanza por un voto.
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