Procesaron por presunto espionaje al ex jefe de Asuntos Internos de la Bonaerense

El ex titular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, Guillermo Berra, fue procesado en una causa que lo investiga por la presunta utilización de fondos públicos para obtener “información y almacenar datos” de personas que no tenían que ver con su actuación en la fuerza policial, informaron fuentes judiciales. Lo resolvió la fiscal Cecilia Corfield, quien lo citó a indagatoria para el próximo 29 de junio a las 10, acusado del delito de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”. La fiscal también procesó a María Rosario Sardiña, pareja de Berra y en ese momento auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la policía provincial.

En su escrito, la fiscal que había sido recusada por los acusados (ver aparte) consideró que Berra y Sardiña obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”.

“Y que para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados”.

Entre ellos, citó el uso de vehículos oficiales y las claves de acceso pagas por el Ministerio de Seguridad para acceder a empresas encargadas del manejo de datos personales y confidenciales, incluido la Dirección Nacional de Migraciones. Según la denuncia, de casi 1.500 consultas realizadas por el usuario de la Auditoría a la empresa Nosis (dedicada a la elaboración de informes comerciales y patrimoniales, entre otros servicios), alrededor de 600 corresponden a civiles.

“Es una información falsa, en la causa no hay nada relacionado con escuchas o seguimientos”, dijo el defensor Marcelo Peña, explicando que los Nosis tienen relación con el cotejo de las declaraciones juradas que presentaban policías de alta jerarquía y sus familiares directos -civiles- algunos de los cuales son funcionarios de otros poderes, como fue el caso de una fiscal de La Plata. La investigación surgió con una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la Policía bonaerense, quien acusó a Berra y a Sardiña de abuso de autoridad por obtener información de él y su grupo familiar, “mediante inteligencia y sin intervención judicial”. Martín dejó su cargo en 2016, tras ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada: constaba que tenía 7 propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, con un sueldo mensual de 48.000 pesos. Bajo reserva de identidad, testigos hablaron de muchas más propiedades y hasta una “flota” de helicópteros para alquilar, que le valió el apodo del “comisario millonario”.

En su denuncia, Martín acusó a Berra de “poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento”. Y con esa presentación Corfield allanó el año pasado las oficinas de la Auditoría de Asuntos Internos en La Plata, donde secuestró documentación y archivos informáticos. Según la fiscal, las presuntas maniobras ilícitas ocurrieron “entre 2016 y 2019”. En el escrito, consignó que “la lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa y mencionó, entre otros nombres, a “Marcelo Rochetti, en ese entonces jefe de Gabinete del ministro de Seguridad Cristian Ritondo; el ex juez platense César Melazo; los intendentes de Berazategui, Juan Patricio Mussi y de José C Paz, Mario Ishi”, entre otros.

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