La reforma jubilatoria del Bapro ¿pasa a 2023?

Todo parece indicar que muy dificilmente antes de este fin de año la Legislatura apruebe la “reforma de la reforma” de la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia, un tema espinoso que viene generando mucha tensión entre el oficialismo y la oposición, por un lado, y dentro de la propia coalición de Juntos por el Cambio, por el otro.

Hay un factor de presión externo al mundillo político, de mucho peso, pero que incluso parece insuficiente para saldar la cuestión: la Suprema Corte de Justicia provincial pidió una solución que llegue a través de la política antes de expedirse sobre la constitucionalidad de los cambios al sistema jubilatorio de los empleados del banco público bonaerense, que se aprobó durante la gestión de María Eugenia Vidal. En esa lógica ”la política” es justamente la Legislatura. Donde, hasta ahora, parece poco probable que haya acuerdo.

Incluso ayer se juntaron el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, la vicegobernadora Verónica Magario y varios intendentes y legisladores de la oposición y el oficialismo en plan de negociaciones para la aprobación legislativa del Presupuesto 2023 (ver aparte). Si alguien especuló con que la contra reforma de la Caja del Bapro podía entrar en las conversaciones, se equivocó: la cuestión se tocó tangencialmente, como un “pendiente”, para no enturbiar la cuestión central: que Axel Kicillof tenga pronto la ley que fija gastos e ingresos para el año entrante, en el que pretende pelear su reelección.

Kicillof no cuenta con mayorías propias en la Legislatura como para aprobar el Presupuesto sin acuerdos. Por eso necesita cerrar con la oposición. Y en ese campamento, donde pesan mucho sobre todos los intendentes que gestionan, todo pasa por los fondos que se aseguren el año que viene: cumplimiento de obligaciones contraídas por el Ejecutivo que no se concretaron, dinero para mejorar la Seguridad, el famoso Fondo de Infraestructura Municipal actualizado y demás. Es un paquete de más de 80 mil millones de pesos.

La reforma de la Caja del Bapro que quiere el oficialismo, donde dentro de la oposición parecen tener posturas encontradas, podría ser un problema en esas negociaciones. Por eso parece haber cierto acuerdo tácito de ponerle un freno.

ANTECEDENTES

Breve reseña: en la gestión Vidal, con el argumento de reducir el déficit de esa caja que afrontaba el Tesoro provincial (unos 25 mil millones de pesos actualizados), se cambió el cálculo del beneficio y se empezó a regir por la fórmula de la Anses en lugar de estar atado a la paritaria bancaria. Objetivamente, es menos beneficiosa para el jubilado. Además se subió la edad jubilatoria y se estableció que sea el Banco Provincia el que se haga cargo del déficit de la caja.

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Pasó lo que era previsible: se presentaron demandas por inconstitucionalidad y amparos individuales por violación de derechos adquiridos. Miles de ellos.

Meses atrás, apareció un proyecto en la Legislatura que retrotraía la situación, acordado entre oficialismo y oposición. Avanzaba internamente hasta que se metió Mauricio Macri, en su rol de líder del PRO, y ordenó a su tropa retirarse de esa conversación. Adujo que se consagraban privilegios y que se le cargaban al Estado bonaerense, esto es a todos los habitantes de la Provincia, las pérdidas de la caja previsional de un sólo sector. Al final, la votación se cayó. Y entró a jugar la Suprema Corte: si no hay solución política, es probable que declare la inconstitucional de la reforma vidalista antes e fin de año. Y eso también significaría una pérdida para las arcas provinciales de unos 100 mil millones en compensaciones. O sea, el Estado siempre pierde.

Así las cosas, hasta ayer el PRO se mantenía en su postura: no acompañará una vuelta atrás de la reforma. Incluso el partido sacó un comunicado diciendo que “manifiesta su firme rechazo a cualquier modificación política y oportunista” y que no permitirán “que se siga insistiendo con aumentar el déficit para sostener las jubilaciones de unos pocos”. Un senador amarillo, en diálogo con este diario, fue muy gráfico: “Para nosotros es invotable”.

Incluso trascendió que el PRO está dispuesto a pagar el costo político que supondría que el oficialismo los acuse de ser los responsables de que el Estado finalmente tenga que desembolsar los 100 mil millones de pesos, si el máximo tribunal toma cartas en el asunto. “Para nosotros es menor ese costo que volver a lo anterior”, analizan en el macrismo/bullrichismo/larretismo.

De esta manera, el PRO asoma como obligando a su socio principal, la UCR, a definirse. O se sube al rechazo de los amarillos o, por el contrario, aporta sus votos en ambas cámaras para que Kicillof tenga su contra reforma porque el PJ por sí sólo no puede conseguirla. Eso marcaría una fractura legislativa notable, incómoda, en la coalición opositora justo en los meses previos a la definición de candidaturas y de las eventuales Primarias Abiertas en Juntos.