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Quilmes: ex funcionarios de Mayra Mendoza cerraron firmas abiertas en Miami

Son parte de la investigación por el pago de 535 millones de pesos a cooperativas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad

Quilmes: ex funcionarios de Mayra Mendoza cerraron firmas abiertas en Miami
25 de Mayo de 2022 | 13:43

Dos firmas radicadas en Estados Unidos sospechadas del escándalo que salpica a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fueron desactivadas recientemente.

Según el portal oficial que da cuentas de las empresas radicadas en Miami, ambas compañías fueron dadas de baja mientras están investigadas de haber sido utilizadas para el desvío de fondos del dinero recibido por cooperativas vinculadas a funcionarios municipales.

Mendoza, referente de La Cámpora y muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, está sospechada de corrupción por el pago de unos 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas.

Días atrás, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, orden una serie de allanamientos en los que se secuestró documentación respecto a contratos que eran investigados, además de varios teléfonos celulares.

Armella ordenó también una serie de operativos a las empresas involucradas en la presunta desviación de fondos públicos, a cargo del área de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina.

El magistrado tiene bajo la lupa a las cooperativas Primero de Mayo, La Estrella y "Unión de Azul" en la causa en la que además de Mendoza también están procesados al ex subsecretario comunal Sebastián Raspa y al abogado Martín Bordalejo, quien también habría sido funcionario quilmeño. Los otros vinculados a la causa son José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.

Mendoza, además, es investigada en Comodoro Py por el juez federal Ariel Lijo, y en Quilmes también la Justicia Federal la tiene en la mira tras el pedido de la fiscal federal Silvia Cavallo en base a elementos que se pudieron recolectar sobre un presunto desvío de fondos públicos a través de cooperativas de trabajo. Esa maniobra redundaría "en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas off shore a las cuales se derivaba el dinero desviado”.

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