Un juez de Garantías de Lomas de Zamora rechazó las excarcelaciones para los siete imputados por el homicidio de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge hace un mes, al tiempo que fueron trasladados al penal de Melchor Romero, donde permanecerán alojados en distintos módulos para evitar agresiones con quienes declararon en el marco de la investigación.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez de Garantías 4, Sebastián Monelos, no hizo lugar al pedido de excarcelación de los imputados Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo, Matías Ezequiel Gil y Horacio Mariano Córdoba.
A los detenidos se les imputó como coautores del delito de “homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego en con curso real con falso testimonio”, mientras que a Pilepich, Vargas, Contrera y Bomrad se les añadió el “falso testominio”.
En tanto, el juez Monelos le concedió la libertad a Gladys Cristaldo, quien fuera acusada del “encubrimiento agravado por tratarse el hecho anterior de un delito especialmente grave” luego de ser detenida en la misma vivienda donde se ocultó Pilelich, uno de los principales sospechosos de asesinar a “Lechuga” Pérez Algaba (41).
En sus argumentos, el magistrado indicó que los imputados “tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”, basándose en el “´modus operandi´ llevado a cabo, la desaparición y/o ocultamiento de medios de prueba”, “la peligrosidad y despliegue de medios demostrada por los mismos en la comisión de los hechos”, sumado al falso testimonio, lo que para el juez significó “un claro indicio de entorpecimiento probatorio”.
Voceros judiciales confirmaron que los siete imputados fueron trasladados ayer a la Alcaldía 3 de Melchor Romero, correspondiente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Se trata de la misma unidad penal en la que se encuentran alojados los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.
Por su parte, las abogadas defensoras de Vargas, Lorena Blanco y Celeste Schenfeld habían presentado un habeas corpus para que el imputado no esté compartiendo celda con Pilepich y Córdoba, luego de que se anoticiaran de que los tres se encontraba alojado en una celda en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda.
Las abogadas fundaron su pedido principalmente en el resguardo por “la integridad física y piscológica” de Vargas ya que “su declaración versa en contra los demás imputados en la causa”, y que “trabajó 16 años en la Policía Federal Argentina (PFA)”.
“En la DDI de Avellaneda no solo se encuentra en una celda junto a cinco personas más, sino que además allí se encuentra el principal acusado Maximiliano Pilepich y el imputado Horacio Mariano Córdoba, policía de la Ciudad de Buenos Aires, y por el que mi defendido ha declarado en contra de ellos en el marco de la causa”, indicaron los abogados en su escrito.
Pérez Algaba fue visto por última vez la tarde del 18 de julio cuando a bordo de una camioneta Range Rover blanca que le había prestado Pilepich.
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