Ex concejal del Movimiento Evita de Quilmes procesada

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, procesó a la ex concejal y dirigente del Movimiento Evita, Patricia Iribarne y a otras ocho personas por malversación de caudales públicos.

Según la causa, Iribarne habría desviado más de 87 millones de pesos de fondos públicos destinados a convenios específicos entre 2018 y 2022, para consumos personales y transferencias a otras cooperativas y personas relacionadas con ella. Las cooperativas involucradas utilizaban facturas falsas para justificar sus rendiciones de cuentas.

La Justicia ordenó embargos por 100 millones de pesos a los acusados. Y la causa incluye declaraciones de víctimas que relatan la manipulación y coacción ejercida por Iribarne y sus cómplices. Las irregularidades incluyen la falsificación de documentos y el uso indebido de fondos públicos para la compra de propiedades y vehículos. Finalmente, la investigación sigue en curso, con la posibilidad de más revelaciones y procesamientos adicionales.

Las cooperativas involucradas en la maniobra y vinculadas a la referente del Movimiento Evita en Quilmes son: La Chinita, La Montonera, La Guevarita, El Emporio Limitada, Pocho Lepratti y la cooperativa de trabajo Julio Roqué. En la constitución de las cooperativas se repiten nombres, varios de ellos parientes directos de Iribarren como hijos y esposo.

Los otros procesados, sin prisión preventiva, en Causa 23787/22 que instruyen Armella, a cargo del Juzgado Federal Número 1 de Quilmes y su secretario Diego Quiroga son:

- Susana Beatriz Reia. Era presidenta y autorizada para operar las cuentas de la “Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada”, “Asociación Civil Feliz Atardecer” y “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti Limitada”. Participó en las transacciones y transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.

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- Jorgelina Elizabet Fernández. Es hija de la ex edil. Está implicada por realizar transferencias desde las cooperativas a cuentas propias, familiares y allegados de su madre.

- Fabio Fernán González. Era el tesorero de la “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2″ y vocal de la “Cooperativa de Trabajo Julio Roque Limitada”. Realizó transferencias a personas y entidades relacionadas con Iribarne.

- Eduardo Daniel Calderón. Formaba parte de las autoridades de la “Cooperativa de Trabajo Pocho Lepratti 2″. Estaba autorizado para operar sus cuentas. En la causa figura que era “pareja de la hija de Iribarne” y habría participado en el desvío de fondos.

- Rosa Mabel Luján Duartes: Realizaba transacciones similares desde las cooperativas hacía cuentas de familiares y allegados de Patricia Noemí Iribarne.

- Jorge Edgardo Fernández, ex pareja de la dirigente social. Está separado de hecho desde hace 20 años. Fue procesado por su participación necesaria en la malversación de caudales públicos. Fernández, como autoridad de la “Cooperativa la Montonera Limitada,” junto con Iribarne, falseó las rendiciones de cuentas mediante la utilización de facturas apócrifas.

- Marcelo Alexis Moyental: Se le atribuye haber facilitado la aplicación indebida de los fondos. En su calidad de contador público de las cooperativas, revisaba los estados contables y era responsable de las rendiciones de cuentas, “sabiendo que parte de la facturación utilizada era apócrifa”. Según se describe en el expediente, “a pesar de su conocimiento y especialización, no tomó las medidas necesarias para evitar estas irregularidades”.

- María Cecilia Fernández: Es hija de Iribarne. Fue procesada en calidad de “autoridad y tesorera de la Cooperativa La Montonera Limitada y como firmante de convenios de la Asociación Feliz Atardecer”. En el escrito se afirma que “fue necesaria su participación y de otras personas allegadas a Patricia Iribarne que resultan representantes o autoridades de otras cooperativas como Cooperativa Pocho Lepratti Limitada, Cooperativa Pocho Lepratti 2, Asociación Feliz Atardecer y Cooperativa La Montonera Limitada, determinadas hasta el momento, pudiéndose acreditar retiros de dinero, transferencias bancarias, entre los responsables de las mismas. Asimismo, que las cooperativas de mención, mediante sus responsables, giraban asiduamente y entre sí, los caudales recibidos por el Estado Nacional y/o provincial, falseando la rendición de cuentas ante los ministerios de provincia y de nación mediante la utilización de facturas apócrifas provistas por usinas ingresadas en el listado APOC de la AFIP, sin contraprestación alguna de parte del proveedor de la cosa o del servicio”.