El regreso de la Ficha Limpia al Congreso

La corrupción es considerada el error más grande de la Argentina en los últimos 30 años y el problema más importante que debe resolver el gobierno, según una encuesta reciente realizada por DC Consultores. El problema no es novedoso, pero sí lo es la gran posibilidad de que el Congreso tome medidas concretas al respecto.

La Cámara de Diputados comenzó a debatir los diversos proyectos de Ficha Limpia en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente. Esta iniciativa tiene como objetivo impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos en elecciones.

Según un estudio que realizó el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21, solo 1 de cada 10 personas le dan credibilidad a las instituciones gubernamentales como el Congreso. Y marca que la imagen de los políticos empeoró: 8 de cada 10 hicieron una evaluación desfavorable de ellos. Esta imagen se vincula a que 3 de cada 4 encuestados creen que los políticos están involucrados en hechos de corrupción y el enriquecimiento ilícito.

La propuesta cuenta con proyectos y apoyos provenientes de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Por su parte, Unión por la Patria se opone, argumentando que la iniciativa busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. De todos modos, el amplio respaldo recibido por la propuesta sugiere la probabilidad de su aprobación.

Los debates se centran en dos temas.

Por un lado, si es suficiente una condena de primera instancia o si se debe esperar una segunda, posterior a la apelación, para excluir a una persona de la competencia electoral.

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Por otra parte, qué delitos deberían inhabilitar a un posible candidato. Durante el debate, varios especialistas en la materia expusieron sus posturas.

Alejandra Lazzaro, exsecretaria de la Cámara Nacional Electoral, afirmó que la iniciativa es constitucional ya que “no se está afectando el principio de inocencia, porque nadie dice que esa inhabilidad va a ser para siempre, es solo una medida de carácter temporal”. Y agregó que la medida sería “una señal de que la política es capaz de autolimitarse”.

El doctor José Pérez Corti sugirió “evaluar la posibilidad de incorporar en la Ficha Limpia el requisito de renuncia para funcionarios públicos que deseen postularse a candidaturas”. Y señaló que no se estaría aplicando una sanción penal, sino que se estaría exigiendo una condición más para ocupar cargos públicos.

El constitucionalista Antonio Hernández afirmó que se opone a quienes piden sentencia firme porque garantizaría la impunidad.

En la apertura de sesiones del Congreso a comienzos de este año, Javier Milei había anunciado que impulsaría un paquete de leyes “anticasta”, que incluía el proyecto de Ficha Limpia. En esa ocasión, Milei declaró que los exfuncionarios con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderían sus beneficios.

La corrupción ha sido un tema central en el debate público y en la percepción de los ciudadanos durante décadas. Sin embargo, durante la campaña presidencial, Milei comenzó a enmarcarla en un universo más amplio.

El discurso sobre una “casta” política que es responsable de los males que asedian a la Argentina, que goza de privilegios, roba y empobrece, tuvo una profunda resonancia en la sociedad. Hoy, más que nunca en los últimos años, el proyecto de Ficha Limpia tiene una recepción positiva. El oficialismo ha reactivado el debate sobre los proyectos de Ficha Limpia en el Congreso, en consonancia con las demandas de los ciudadanos y sus propias promesas.

La ley está en vigencia en Chubut, Mendoza, Salta y Santa Fe. A nivel regional, se aplica en Brasil, Chile, Uruguay, México y Honduras.

En Argentina, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el proyecto había obtenido un dictamen favorable, pero fracasó por falta de quórum en Diputados. Durante el Gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio intentó reactivar el tema sin éxito. Este tercer intento parece tener más futuro que los anteriores.

“La ley está en vigencia en Chubut, Mendoza, Salta y Santa Fe. A nivel regional, en Brasil, Chile, Uruguay, México y Honduras