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Ismael Grau
eleconomista.com.ar
Entre los miles de uruguayos afectados hay, por ejemplo, contadores, abogados, empresarios, periodistas, docentes y jubilados. Y hay, también, argentinos. Son inversores que apostaron al negocio de capitalización de ganado en tres empresas -Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera- que entraron en crisis con semejanzas con lo que pasa cuando un banco pierde la confianza de los depositantes: los clientes corren para intentar sacar la plata y evitar la pérdida. Pero es tarde.
Larrarte fue la pieza que inició el efecto dominó, después que algunos inversores asustados lograron constatar que el ganado que debía ser engordado con su dinero no estaba, denunciaron por estafa al propietario del grupo y a fines del año pasado la empresa terminó en concurso de acreedores al no poder hacer frente a los reclamos. Ofrecía pagar una rentabilidad de 11% anual, que según empresarios del agro es irrealmente alta para el rubro ganadero oriental.
La secuencia siguió con República Ganadera que, como la anterior, se dice que tiene algo más de 1.000 inversores. Y en estos últimos días cayó Conexión Ganadera, con 25 años de trayectoria y que, al momento de entrar en crisis, tenía una cartera cercana a 4.200 y un pasivo que, primariamente, se estima que superan en unos US$ 250 millones a los activos. Pero los números exactos no se conocen porque la información contable que llevaba la empresa es incompleta y hace algunos años que no inscribe sus estados contables en el registro público.
Un contador externo contratado por Conexión Ganadera luego que estalló su crisis describió este martes con crudeza la situación en una charla seguida por más de 5.000 personas a través de YouTube. Además de la mala contabilidad, hubo “discrecionalidad” de los socios en ciertas decisiones y el negocio que se ofrecía con el ganado no era rentable, por lo cual terminó siendo un “esquema Ponzi”, aseguró.
Para él, la salida es un concurso de acreedores, como primer paso, y alentó la idea de un acuerdo privado para, eventualmente, pensar en reestructurar el negocio con un management serio e involucramiento de los propios inversores; si ese plan funciona, en algunos años podrían recuperar su dinero, estimó.
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Uno de los socios de Conexión Ganadera murió hace pocos meses en un siniestro de tránsito sobre el cual, cuando la crisis en el sector ya había explotado, y el otro reapareció públicamente en la presentación virtual ante los inversores. Transmitió su voluntad de buscar una salida por la deuda “moral” que siente frente a los perjudicados.
Pero antes de eso, varios inversores asesorados por abogados ya habían denunciado penalmente a los responsables de la empresa y el concurso de acreedores está solicitado ante la Justicia, aunque el asueto estival en los tribunales por ahora no permite que avance.
Otro frente de discusión es el regulatorio. El negocio de capitalización de ganado es un acuerdo entre privados: las empresas intermedian entre gente con ahorros y productores que se encargan del engorde del animal, que luego se vende a los frigoríficos. La actividad no está reglada de manera específica ni tampoco supervisada por el Banco Central del Uruguay (BCU) u otro organismo, por lo que la confianza, ahora perdida, es el elemento clave. Muchos de los ahora quemados con leche son inversores sin conocimiento del rubro ganadero que se vieron seducidos por la buena ganancia ofrecida en comparación, por ejemplo, con un depósito bancario.
“Muchos argentinos huyendo del infierno fiscal kirchnerista encontraban una solución en estas empresas a la hora de sacar dólares de su país. No había que declarar en BCU, la AFIP no se enteraba. De hecho, hoy muchos de ellos no tienen siquiera las guías en papel” respaldando que son dueños del ganado, escribió en el semanario La Mañana el asesor financiero Felipe Caorsi.
La crisis en este sector entró en la agenda del sistema político oriental, que está en transición hacia la instalación de un nuevo gobierno el próximo 1° de marzo, cuando se despedirá el presidente Luis Lacalle Pou y asumirá Yamandú Orsi.
El futuro mandatario aseguró en la red X que este tipo de situaciones no deben volver a ocurrir porque dañan el ahorro nacional.
En esa línea, el ministro de Ganadería saliente, Fernando Mattos, y el designado, Luis Fratti, señalaron que se trabajará en una regulación.
Fratti comparó esta situación con una crisis en el sector financiero, algo que no necesita de explicación para muchos rioplatenses por lo ocurrido en 2001 y 2002. “Esto se asimila mucho a lo que es una corrida bancaria”, dijo, según recogió el periodista Leo Sarro en un video publicado en su cuenta de X.
Otro que viajó a ese pasado no tan lejano de depositantes tratando de salvar sus ahorros (en 2002, en Uruguay quebraron cuatro bancos privados y una cooperativa financiera, y se reprogramaron los plazos fijos en dólares en las instituciones públicas) fue el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu.
“Se habla de 4.300 inversores damnificados por Conexión Ganadera, 1.500 por República Ganadera y otros 1.000 de Grupo Larrarte. Tal vez no se ha tomado dimensión, pero es una cantidad de gente asimilable a los damnificados por la crisis bancaria de 2002”, dijo, y habló de “golpes durísimos al ahorro nacional” a causa de la caída de estas empresas.
“Pasó un elefante por delante y no se generaron los requerimientos legales para que el Banco Central pudiera intervenir” a tiempo, se quejó Urraburu. En tanto, el organismo deslindó responsabilidades porque entiende que en las inversiones de capitalización ganadera no hubo intermediación financiera y que cuando años atrás las empresas publicitaron el negocio, las instó a dejar de hacerlo.
Mientras los abogados hacen su zafra asesorando a los afectados, este asunto de la regulación seguramente seguirá en la discusión pública en el Uruguay.
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