Por hacinamiento y ratas, clausuraron otra vez la 8ª

La Justicia hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó la clausura de los calabozos de la comisaría octava de La Plata.

La medida se tomó tras constatarse condiciones infrahumanas de detención como hacinamiento extremo, falta de acceso al servicio de agua potable y la presencia de roedores, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.

Un vocero indicó que “en un lugar con capacidad para hasta tres personas, se alojaban 45. La comisaría estaba clausurada por orden judicial y resolución del propio Ministerio de Seguridad, órdenes reiteradamente desobedecidas. Por esta razón se inició una investigación penal ante la posible comisión de delitos”.

La misma fuente destacó que, tras recibir denuncias de familiares de personas detenidas, la Comisión por la Memoria, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, presentó un hábeas corpus colectivo, que resolvió favorablemente el juez de garantías de Cañuelas, Martín Rizzo.

Según el relevamiento, entre 40 y 45 personas estaban alojadas en un espacio de apenas 16 metros cuadrados, sin ventilación ni acceso a baños adecuados.

También se constató que la provisión de agua dependía del personal policial y de los propios familiares, y que en algunos turnos la cortaban deliberadamente, porque “molestaba el ruido de la bomba”.

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La denuncia presenta un diagnóstico lapidario sobre las condiciones edilicias: celdas sin luz natural ni ventilación, lo que genera un ambiente sofocante e insalubre; acceso al agua a través de botellas entregadas por los policías o familiares, que muchas veces no alcanza para todos; falta de inodoros convencionales, que son reemplazados por una letrina improvisada en el piso para decenas de personas, sin posibilidad de higiene adecuada.

Además, se registró la presencia de ratas y otros roedores, lo que obliga a los detenidos a envolver sus alimentos en bolsas o mantenerlos colgados para evitar la contaminación.

Por si fuera poco, los detenidos también denunciaron un trato cruel por parte del personal policial.

A la hora del descanso, la falta de espacio para acostarse obligaba a muchos a dormir sentados o sobre el piso de cemento frío. También se registraron restricciones arbitrarias para recibir de las familias comida y artículos de higiene.

Por otro lado, denunciaron la casi inexistente atención médica. Los detenidos no contaban con acceso regular a controles de salud ni a medicamentos, incluso en casos de enfermedades crónicas o dolencias urgentes.

En su resolución, Rizzo ordenó el traslado de los reclusos en un plazo máximo de 48 horas y prohibió el ingreso de nuevos detenidos hasta que se realicen las reformas necesarias.

Además dispuso que el Ministerio de Seguridad presente en 15 días un plan de reparación integral del edificio.