La tragedia provocada por el fentanilo contaminado, que dejó al menos 53 muertos en Argentina, tiene como epicentro la localidad de Ramallo, donde se encuentra la planta del laboratorio HLB Pharma Group. Allí se habría producido el lote que desató el escándalo, según confirmó la Justicia, que ya puso la lupa sobre el establecimiento. La investigación, iniciada hace semanas, incluye 22 allanamientos en simultáneo que se realizaron en domicilios de Ramallo, San Nicolás, San Fernando y la Ciudad de Buenos Aires, en los que se secuestraron celulares, computadoras, notebooks, documentación, un arma de fuego no declarada y 29 pallets con medicamentos.
Detrás del laboratorio aparece Ariel García Furfaro, un empresario con antecedentes en el sector farmacéutico, pero también con conexiones con Lázaro Báez, detenido por corrupción y lavado de dinero. Según publicó La Nación, ambos compartieron negocios en la firma Top Air SA, dedicada a vuelos chárter y vinculada al grupo Austral Construcciones. La relación incluyó además el manejo conjunto de un hangar en el aeropuerto de San Fernando, desde donde operaban jets privados. Uno de esos aviones, un Learjet, terminó en manos de los hermanos García Furfaro. Documentación citada por el mismo medio señala que Ariel García Furfaro visitó a Báez en prisión en varias ocasiones, acompañado por Walter Zanzot, un colaborador cercano del empresario santacruceño.
En los últimos meses, el laboratorio HLB Pharma Group y su planta de Ramallo pasaron a manos de Sebastián Nanini, un abogado con vínculos políticos y con el entorno de Báez. Según informó La Nación, Nanini tiene relación con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Como parte de ese proceso, se modificó el domicilio legal de la empresa a una propiedad en San Nicolás. La investigación judicial, que incluye pericias técnicas y análisis de los elementos incautados, intenta determinar si esos movimientos societarios buscaron proteger los activos del laboratorio ante posibles embargos o decomisos.
Mientras tanto, la Justicia centra su atención tanto en la planta de producción para esclarecer cómo se produjo la contaminación del fentanilo, como en los cambios de titularidad de la firma, en un caso que expone conexiones entre el mundo sanitario, el empresarial y el político, y que se posiciona como uno de los más graves de los últimos años.
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