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En un nuevo capítulo de la controversia abierta por las competencias en la investigación iniciada para determinar el número de víctimas que dejó el temporal del pasado 2 de abril en la Ciudad, la Corte bonaerense finalmente puso fin a la cuestión: reiteró que la justicia penal es la encargada de investigar “la posible comisión de delitos de acción pública”, derivados del temporal del 2 de abril de 2013, y además dispuso remitir actuaciones a la oficina de Control Disciplinario, para que se inicie un sumario al juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias.
En la resolución, conocida ayer, se explica que “en razón de la presentación efectuada por el fiscal Jorge Paolini (a cargo de la citada causa) el 30 de diciembre último, denunciando interferencias del juez Arias de igual tenor a las aquí abordadas acaecidas con posterioridad a la formación de este nuevo incidente de competencia, entre las que se destaca que el actuar del modo indicado del magistrado de mención ha permitido que se hiciera pública la existencia de un legajo fiscal reservado junto con el tenor y naturaleza de la prueba hasta entonces secreta, lo que pudo conspirar contra la estrategia investigativa trazada por el ministerio público”, corresponde iniciar actuaciones contra el titular del juzgado Contencioso Administrativo I.
Este conflicto se inició el año pasado cuando el juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio no hizo lugar al recurso de Arias, quien pidió que Paolini “se abstenga de ejercer cualquier actuación vinculada a la determinación oficial y difusión pública de las víctimas y/ o posibles víctimas del temporal”, basándose en las responsabilidades que a cada uno le corresponden en el marco de la causa de la inundación.
Ese planteo fue elevado por Paolini al juez Atencio, quien resolvió no hacer lugar a la inhibitoria de competencia contra el fiscal en una resolución en la que cuestiona con duros términos a Arias.
Atencio, además, elevó esa resolución a la Suprema Corte de Justicia con la sugerencia de que el máximo tribunal bonaerense “analice la procedencia” de una investigación en contra de Arias “por la presunta comisión de delitos de prevaricato, abuso de autoridad y de instigación al incumplimiento de los deberes de funcionario público” por el planteo contra Paolini.
En esa oportunidad Atencio aseguró que “ha quedado claramente determinado el ámbito de las competencias de cada uno de los fueros”.
La Corte luego le dio la razón y ratificó la competencia del fuero penal, aunque luego Arias fue denunciado nuevamente por el fiscal Paolini, ante lo que consideró una nueva intromisión.
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