Detuvieron a una farmacéutica por un presunto fraude a una mutual sindical

La Justicia penal platense ordenó ayer la detención de una farmacéutica de nuestra ciudad y de un gremialista local en el marco de una causa que investiga una serie de presuntas estafas, que serían por una suma cercana a los 800.000 pesos, al parecer cometidas con el uso de recetas de medicamentos para afiliados a la mutual del gremio UPCN.

Así lo revelaron a este diario voceros judiciales, quienes precisaron que la medida de coerción recayó sobre María Elizabet Easarret y Héctor Angel Pino.

Con respecto a los imputados, las fuentes consignaron que la mujer fue detenida e indagada ayer -se negó a declarar- por el fiscal que investiga el caso, Marcelo Romero. Mientras que Pino no fue arrestado porque estaba beneficiado con una eximición de prisión que solicitó en su momento, aunque será convocado a indagatoria en los próximos días.

En la orden de detención, que fue consentida por el juez de Garantías de La Plata Néstor de Aspro, por la secretaría del doctor Juan Cruz Condomí Alcorta, se indicó que con las pruebas reunidas en la causa se pudo por ahora "semiplenamente acreditar" que las presuntas estafas fueron supuestamente cometidas, desde el 2001 hasta diciembre de 2002, por la imputada "en su carácter de auditora farmacéutica y prestataria de servicios farmacéuticos -funciones obviamente incompatibles entre sí- de UPCN y la mutual AMAUPCN"; y el otro sospechoso "en carácter de secretario de Acción Social de dicho gremio".

También se precisó que los delitos eran supuestamente cometidos con la presentación ante UPCN-AMAUPCN de prescripciones médicas falsas o adulteradas -recetas farmacológicas- a favor de afiliados de los organismos damnificados.

Tanto el fiscal como el juez sospechan que mediante ese ardid los imputados habrían logrado "grandes erogaciones de dinero", en perjuicio del citado gremio.

Los voceros consultados explicaron que el caso fue encuadrado legalmente como constitutivo de los delitos de "estafas reiteradas en concurso ideal con uso de documentos falsos o adulterados".

La fiscalía valoró como pruebas contra la imputada las pericias contables realizadas en la causa que darían cuenta de "las irregularidades cometidas en la facturación de medicamentos en favor de la farmacia Bruno SCS -ubicada en 5 y 55-, de la cual es propietaria Easarret y por consecuencia controlaba las recetas a presentarse en los gremios damnificados". Y que la ahora procesada "cumplía el rol de auditora de su propia facturación, situación por demás anómala".

Con respecto a Pino, se tomaron en cuenta como evidencias que "de la operatoria interna para facturar las recetas presentadas por la farmacia Bruno surgió que es llamativamente diferente respecto de las demás farmacias". Y que según los testigos "el imputado sería el que autorizaba los pagos a Easarret, siendo el mismo el único que disponía los pagos que debían hacerse, y que el sospechoso es quien propuso en su cargo de auditora a la dueña de la mencionada farmacia".