La relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad visitó la Argentina

Con el objetivo de monitorear la situación de los derechos humanos de las personas que permanecen privadas de libertad y, en particular, de analizar los principales avances, así como los desafíos que enfrenta el Estado argentino para reducir el uso de la prisión preventiva, la Argentina recibió la visita de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Entre el 13 y 17 de septiembre, una delegación integrada por el Presidente de la Comisión y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado James Cavallaro, y por personal de la Secretaría Ejecutiva, visitó cárceles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), Mendoza y Santa Fe.  

A un mes de su visita, la Comisión elaboró un informe en el que dio a conocer las conclusiones del estudio realizado en distintos puntos del país, entre los que se incluye la Ciudad. Según manifestó el organismo, el crecimiento de la población penitenciaria que se ha registrado en el último tiempo, (según cifras oficiales un 16% desde 2010), “ha generado el problema de hacinamiento” que tienen actualmente las cárceles del país.

El informe hace mención de lo expresado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el mes de julio cuando manifestó “su preocupación ante los altos niveles de hacinamiento, que entre otros aspectos, se reflejaba en la utilización de estaciones policiales como lugares permanentes de detención”.

En este sentido, la Comisión Interamericana advirtió que “el problema de la utilización de las comisarías como centros de detención permanente deriva principalmente de la insuficiente cantidad actual de plazas penitenciarias y del respectivo abuso de la prisión preventiva”. En este sentido apuntó que este déficit de plazas, del que alertó la CIDH en 2010, genera que las personas detenidas deban permanecer en lugares que “no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención”.

Asimismo, la Comisión Interamericana expresa su preocupación por la información recibida de diversas fuentes, según la cual los medios de comunicación y la opinión pública ejercen presión para enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana a través de la aplicación de penas privativas de libertad.  En particular, la CIDH ha sido informada que los jueces se abstienen de decretar medidas cautelares por temor a ser sancionados o removidos de sus cargos. Sobre este aspecto, un juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal refirió a la Relatoría que “cotidianamente revocamos prisiones preventivas en las que se nota que en lugar de atender a los requisitos de aplicación de la prisión preventiva (peligro de fuga y de entorpecimiento a la investigación), se impone con criterios como el de la prevención punitiva”. En este sentido, el Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, indicó que “para el juez, en la actualidad, tiene mayor costo político conceder una excarcelación que mantener una prisión preventiva, ante amenaza de un juicio político o escrache mediático”. Sobre esta situación, en 2010, la CIDH manifestó su preocupación en su comunicado de prensa 64/10 relativo a la anterior visita a Argentina, al referir que los jueces optan por la imposición de la privación de libertad “con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político”.

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Pese a que la CIDH “valora los esfuerzos realizados por el Estado para darle solución a esta situación” manifestó “su preocupación por el elevado número de personas que se encuentran actualmente en comisarías, siendo de conformidad con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, un total de 2.547 a septiembre de 2016”. En este sentido, la CIDH exhortó al Estado a adoptar las medidas urgentes y necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas.