Tras las masivas protestas, Dilma busca poner freno al juicio político

Un día después de que millones de manifestantes en todo Brasil salieran a las calles a exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff, su jefe de gabinete, Jacques Wagner, reconoció el descontento popular con la clase política del país, pero aseguró que la débil economía es la razón principal de que las protestan hayan tenido tanta convocatoria.

Las declaraciones de Wagner, hechas en una rueda de prensa que siguió a una reunión de Rousseff con asesores, ministros y legisladores, fueron el primer intento del gobierno para tratar de explicar lo que los principales diarios brasileños calificaron como las mayores marchas en la historia del país. Se calcula que unos 3,6 millones de personas participaron en cientos de marchas en todo el país, las mayores desde 1984, cuando muchos brasileños exigieron elecciones presidenciales directas en momentos en que el país todavía era gobernado por la dictadura militar, según señaló el diario Folha de San Pablo.

Los analistas coinciden en que las protestas del domingo representan una fuerte muestra de insatisfacción que sólo complica la de por sí difícil posición de Rousseff. La mandataria lucha contra un posible juicio político en el Congreso en medio de la peor recesión en décadas y contra una extensa investigación por corrupción que se ha centrado en figuras clave de su Partido de los Trabajadores (PT).

Wagner dijo que el gobierno estaba interpretando las movilizaciones del domingo como una señal de que “las personas están hartas de la clase política”. Agregó que “todo contribuyó” a que la gente saliera a las calles, pero subrayó que lo principal fue “la economía”. “Si todo está bien, los ciudadanos no están mirando”, señaló en declaraciones a la cadena O’ Globo.

La reunión de ayer en el palacio presidencial de Planalto fue vista como un intento de planear un camino para avanzar y asegurar apoyo en el Congreso que será necesario para frenar un juicio político. Se espera que en la semana, el líder de la cámara baja Eduardo Cunha, enemigo de Rousseff, forme una comisión para comenzar el proceso judicial a la mandataria. Rousseff, quien dijo que no dimitirá, también está presionada por miembros del PT, que quieren que su mentor y predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, intervenga asumiendo un cargo en el gabinete. En este marco, se confirmó que el 4 de marzo pasado Lula -investigado por su presunta implicación en la trama de corrupción de la estatal Petrobras- declaró a la Policía que va a ser candidato a la Presidencia de Brasil en las elecciones de 2018, según el testimonio filtrado ayer. Cabe recordar que el mencionado día fue obligado a ir a una comisaría en el marco de una causa vinculada a Petrobras, en la que está acusado de ocultar bienes y lavar dinero. Lula sería el propietario de una quinta en el interior de San Pablo y de un lujoso departamento en la playa de Guarujá, dos inmuebles que habrían sido recibidos para disfrazar las coimas. La causa está radicada en San Pablo, pero ayer se pidió su traslado al tribunal de Curitiba, donde tramita la megacausa Petrobras.

La alta participación en las marchas del domingo podría desencadenar la ruptura de la frágil coalición de gobierno, según analistas. Sin embargo, agregan, las protestas mostraron “un descontento generalizado con el sistema político” que no reforzaría necesariamente a ningún político o partido opositor en concreto.