Comenzó sesión en diputados para tratar juicio político a Dilma

 El apoyo al proceso de destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuenta con una "mayoría robusta" en la Cámara de Diputados, afirmó hoy un importante dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). 

Wellington Moreira Franco, político cercano al vicepresidente, Michel Temer, afirmó en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros que el juicio político contra Rousseff "no es obra de una persona" y es fruto del "malestar" de la sociedad hacia el Gobierno. 

"El 'impeachment' (juicio político) solo se hace efectivo cuando hay una manifestación sustancial y vigorosa de la opinión pública. No es una cosa trivial", sostuvo. 

Franco, quien fue ministro en el Gobierno de Rousseff y de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el PMDB oye "con mucha atención el eco de las calles" y su posición a favor de la destitución de la jefa de Estado es "resultado de la maduración" de esa idea en la sociedad. 

"Nunca estamos en contra de la voluntad popular. No llevamos el pueblo a la aventura ", comentó el dirigente del PMDB, partido que tiene las primeras minorías en las Cámaras de Diputados y del Senado, y que rompió recientemente con el Gobierno de Rousseff. 

Franco opinó que" Brasil necesita un gobierno de reunificación" que se esfuerce en "pacificar" a una sociedad que está "muy dividida" por la cuestión del posible juicio político a Rousseff. 

LE PUEDE INTERESAR

Perú: ganó Keiko Fujimori pero deberá ir a una segunda vuelta

LE PUEDE INTERESAR

Semana clave para el juicio político a Dilma

El exministro fue muy crítico con la política económica del actual Gobierno y se desvinculó de ella, asegurando que el PMDB fue "apartado" de las decisiones económicas mientras estuvo en la base oficialista. 

En ese sentido, aseguró que su partido siempre fue a favor del equilibrio fiscal y dijo que, para recuperarlo, pretende promocionar medidas como acabar con los gastos "abusivos" del sector público para reducir el endeudamiento. 

Aseguró que un eventual Gobierno de Temer, primero en la línea sucesoria si Rousseff fuera destituida, mantendrá los programas de ayuda a los más pobres porque "no son tan onerosos" y hará un "esfuerzo muy grande" para que estos beneficien a sus destinatarios correctos, lo que consideró que no ocurre en la actualidad. 

Al mismo tiempo, afirmó que impulsará obras públicas para crear empleo en el corto plazo y se comprometió a controlar la inflación tomando medidas como cambiar la política de reajuste del salario mínimo, para que no repercuta el alza de precios de forma automática. 

No obstante, dijo que su partido se opone a elevar los impuestos y aboga por "reducir la máquina pública" para lograr ahorro. 

Asimismo, abogó por cambios en la legislación petrolera, para que Petrobras no sea la operadora única en las explotaciones de la rica región del presal, y a favor del establecimiento de reglas "claras" que sirvan para atraer inversiones. 

Franco también defendió cambios en las políticas de acuerdos comerciales de Brasil, dijo que estos no pueden supeditarse a la "ideología" y defendió que el país vuelva a firmar acuerdos bilaterales al margen del Mercosur. 

Asimismo sostuvo que Brasil "no puede estar fuera" del Acuerdo Transpacífico, que suscribieron el año pasado países asiáticos y americanos. 

El trámite para un eventual juicio a Rousseff está ahora en manos de una comisión parlamentaria, que en caso de respaldarlo le pasará la palabra al pleno de la Cámara de Diputados. 

Si en esa instancia también fuera aprobado, el Senado deberá decidir si se abre o no el proceso, en cuyo caso la mandataria se debería separar del cargo durante los 180 días que duraría el juicio. 

En ese último extremo, Temer asumiría la presidencia hasta que concluya el juicio político en el Senado y completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si Rousseff fuera despojada del cargo.