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El país está dividido por la decisión que mañana llevaría a suspender del cargo a la mandataria
Mientras el procurador general de Brasil, José Eduardo Cardozo (arriba Izquierda) busca defender a Dilma, diputados de la oposición muestran carteles con la leyenda “¡chau querida!”
BRASIL.- La Cámara de Diputados de Brasil comenzó ayer el debate sobre si se debe llevar a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, un tema que enfatiza la profunda división en el país más grande y la economía más poderosa de Latinoamérica.
En caso de que los legisladores aprueben la medida en una votación programada para mañana el tema llegaría al Senado, donde se llevaría a cabo un juicio político que provocaría la suspensión inmediata de Dilma como presidenta de Brasil.
El ambiente en la Cámara baja estaba muy cargado a cuando los opositores se vistieron con cintas amarillas y verdes, y mostraron pancartas que decían “¡Destitución ahora!” y “chau querida!”.
Los legisladores que impulsan el juicio político argumentan que el gobierno de Dilma violó normas fiscales al manipular los libros contables en un intento por lograr apoyo popular. Sin embargo, muchos de quienes promueven la acusación enfrentan a su vez graves acusaciones de corrupción, lo que ha causado que Dilma y sus seguidores denuncien que todo el proceso es un descarado intento de sus enemigos para hacerse del poder.
Los defensores de la Presidenta insisten en que no hizo nada ilegal y que recurrió a las mismas reglas contables utilizadas por presidentes anteriores.
Miguel Reale Junior, autor de la petición de destitución, dijo que las acciones presidenciales provocaron directamente los males que ahora son una plaga para el país, como la elevada inflación y las devaluaciones periódicas del real brasileño ante el dólar estadounidense en meses recientes.
“¿Me van a decir que eso no es un delito?”, preguntó Junior ante el plenario de Diputados.
El procurador general José Eduardo Cardozo disputó exactamente eso al advertir a los legisladores en su apasionado discurso ante la Cámara que debido a que Rousseff no había cometido delito alguno, su juicio político constituiría un acto de “violencia sin precedentes” contra la democracia y el pueblo brasileño. “Se ha cometido violencia contra el estado democrático”, gritó Cardozo con marcados ademanes.
Rodeado de personas con pancartas que mostraban una Constitución rota y rasgada, Cardozo insistió en que todo el juicio político era un acto de venganza personal contra Dilma de parte del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha.
Cunha, considerado la fuerza impulsora detrás del juicio político, ha sido implicado en la investigación sobre el pago de sobornos en la estatal petrolera Petrobras, así como en otras redes de corrupción.
Ayer, un artículo publicado por el respetado periódico O Estado de Sao Paulo citó un testimonio de acuerdo de culpabilidad como un elemento que sugiere que Cunha había recibido más de cuatro millones de dólares en sobornos como parte de un proyecto de renovación portuaria de Río de Janeiro vinculado con los Juegos Olímpicos de agosto. El texto indicó que Ricardo Pernambuco Junior, de la constructora Carioca Engenharia, dijo a los investigadores que la compañía pagó a Cunha 1,5% del acuerdo en sobornos. El artículo incluyó hojas de cálculo que aparentemente mostraban que la compañía canalizó pagos que suman más de cuatro millones de dólares a Cunha a través de varias cuentas en el extranjero.
Cunha ha negado repetidamente haber cometido falta alguna y continúa ejerciendo un poder considerable pese a los problemas legales que enfrenta, que incluyen lavado de dinero y otros cargos relacionados con la red de corrupción de Petrobras y procesos del Comité de Etica en la Cámara de Diputados sobre acusaciones de que mintió al insistir en que no tenía cuentas bancarias en el extranjero.
Pero los cargos contra Cunha ha avanzado lentamente el presidente de la Cámara ha logrado que el proceso de juicio político contra Dilma avance velozmente.
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