Un gesto para que el blanqueo sea creíble

El anuncio del presidente Mauricio Macri de repatriar los 18.719.054 pesos que tiene depositados en un banco de las Bahamas busca causar un impacto favorable al blanqueo de capitales que promueve el gobierno junto a la reforma jubilatoria, en momentos en que la alianza oficialista Cambiemos discute puertas adentro la letra chica del proyecto que este mismo martes ingresa al Congreso.

Antes que partir de la oposición peronista, los reparos a la iniciativa llegan por ahora desde los principales aliados del PRO, el radicalismo y Elisa Carrió, que ponen el acento en la necesidad de regular el procedimiento de la “amnistía fiscal” apuntando a actuales y ex funcionarios. El propio caso del Presidente sirve para ilustrar la situación puntualizada en la interna de Cambiemos.

Macri justifica el dinero que tiene en el exterior por su actividad empresaria. Distinta es la situación, desde la óptica de la UCR y los “lilitos”, de dirigentes a los que no se les reconoce ingresos por afuera de sus cargos políticos. La misma lógica que aplican al Presidente deberían extenderla a miembros del Gabinete que hasta no hace tanto tiempo eran nombres de negocios.

Claro que, en esos casos -se puede mencionar al ministro Aranguren o al secretario Quintana- no quedaron ahora en una posición cómoda ante la decisión de Macri, que prácticamente los obliga a imitar su conducta. Pero el jefe de Estado hizo lo que tenía que hacer: no era serio que el gobierno impulsara un blanqueo si su máximo responsable continuaba teniendo fondos en el exterior.

De todos modos, la movida de Macri, comunicada ayer a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, dispara una duda paralela: si el mandatario colocó su fortuna en un “fideicomiso ciego”… ¿Cómo es que pudo ordenar al administrador que saque esos fondos de las Bahamas y los utilice para comprar letras del Tesoro argentino? Son embrollos de los que es complicado salir indemne.

Otra de las advertencias que se escuchan sobre el blanqueo de capitales es que no debería incluir a empresarios que participaron de negocios con el gobierno anterior, como los casos de Lázaro Báez o Cristóbal López, y hasta del mismo Angelo Calcaterra, primo del Presidente, cuya constructora apareció en licitaciones realizadas por el kirchnerismo en su estadía en el poder.

Algunos de estos detalles anticipó Carrió a funcionarios del gobierno vía telefónica desde los Estados Unidos, en un viaje en el que mezcló el placer con la búsqueda de datos sobre lavado de dinero. También el ex presidente de la UCR Ernesto Sanz -arquitecto principal de Cambiemos- intercambió ayer opiniones al respecto con el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tanto a Carrió como a Sanz y a su tropa legislativa, el gobierno le dirá que la operación de blanqueo de capitales acata normas internacionales de intercambio de información fiscal, que entrará en vigencia en más de 100 países para dentro de un año y medio, a comienzos de 2018, con lo cual la Argentina se estaría anticipando al debate para producir una nueva legislación.

Pero en el fondo, la iniciativa difícilmente pueda dejar de ser comparada con los blanqueos que intentó con escaso éxito el kirchnerismo en los últimos años. En la actualidad, los especialistas estiman que hay unos 400 mil millones de dólares de argentinos por afuera del circuito fiscal, entre los que están depositados en el exterior y los que permanecen guardados “en el colchón”.

Para no contradecir al pasado, las distintas facciones del peronismo acompañarían el blanqueo en Congreso –especialmente el kirchnerismo y el PJ-, para darle vía libre a una operación que, en definitiva, podrá ser considerada como una medición de la confianza de los actores económicos sobre el rumbo emprendido por la administración macrista desde que se hizo cargo del país.