La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó ayer, en carácter de querellante, que se eleve a juicio la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Kirchner, con el argumento de que la ex presidenta fue responsable de medio centenar de defraudaciones en perjuicio del erario público.
Para la OA, a cargo de la oficialista Laura Alonso, si la Justicia considera probadas las imputaciones, Cristina Kirchner podría ser condenada al “máximo de pena” prevista para el delito de administración fraudulenta y recibir unos “50 años de prisión”.
En el expediente están imputados y procesados, además de Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periottti, el ex coordinador de Planificación Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Obras Abel Fatala y el empresario Lázaro Báez, además de otros ex funcionarios nacionales y provinciales.
A todos ellos la OA les imputa haber perjudicado los intereses del Estado.
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