EE.UU. emitió un informe sobre los Derechos Humanos en la Argentina

El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó el informe 2016 sobre Derechos Humanos en el que figura un capítulo dedicado a la Argentina que insume unas 26 páginas y que aborda como "principales problemas" a "la corrupción, la tortura de parte de policías federales y provinciales, y la violencia de género". En el escrito, basado en información recabada por las embajadas y consulados norteamericanos que se nutren de datos provistos por "la sociedad civil, el gobierno y otras fuentes", el organismo  calificó como "arbitraria" la detención de la dirigente social Milagro Sala y también hace referencia a los bolsos con dinero del ex secretario de Obras Públicas, José López.

En el apartado dedicado a la Argentina, el punto sobre "arresto o detención arbitraria", Estados Unidos reconoce que "el gobierno generalmente respetó la ley que prohíbe el arresto y la detención arbitraria", y remarcó que "no hubo informes de prisioneros o detenidos políticos". Sin embargo, el Departamento de Estado reportó el documento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas del 21 de octubre pasado al mencionar que "pidió la liberación de la activista social Milagro Sala, opinando que su detención preventiva fue arbitraria". 

"El 16 de enero, las autoridades detuvieron Sala mientras conducía a una protesta contra las reformas del gobierno provincial de Jujuy en cuanto al gasto social. Las autoridades inicialmente acusaron a Sala de sedición; sin embargo, el fiscal de la provincia de Jujuy redujo el cargo de sedición y trajo nuevos cargos de asalto, fraude y malversación de fondos públicos", describe el informe que también menciona que "ONG internacionales criticaron la detención y el rechazo del gobierno provincial de la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas", y las condenas que hasta ahora recibió por "daños materiales graves" y "disturbios".

El documento revela que en 2016 "no hubo informes de desapariciones por motivos políticos" y aclara que "no hubo información disponible" con respecto a las ejecuciones arbitrarias o ilegales por parte de la policía.

CORRUPCIÓN

En cuanto a los casos de corrupción, el documento reseña la situación del ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, imputado por un juez federal el 30 de junio por corrupción y enriquecimiento ilícito. "La policía observó y grabó a López escondiendo aproximadamente nueve millones de dólares en efectivo y relojes de lujo dentro de un convento de la provincia de Buenos Aires. Durante el año, la Oficina Anticorrupción participó en la acusación y revisión de los contratos de infraestructura supervisados por López durante su gestión entre 2002 y 2015".

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Asimismo, sobre los casos de corrupción registrados en algunas fuerzas de seguridad sostiene que "los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y protección de los involucrados en tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la promoción de la prostitución".

ALBERTO NISMAN

Respecto a la muerte de Alberto Nisman, fiscal especial a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA, sostiene que durante el 2016 "continuó sin concluir en cuanto al motivo de su muerte".

JUICIO JUSTO

En cuanto al apartado "Denegación de un juicio público justo", el informe expresa que "mientras que la Constitución y la ley prevén un poder judicial independiente, el gobierno no siempre se respeta la independencia judicial" y se remite a "las ONG locales" que reportaron que "los jueces en algunos tribunales penales ordinarios y federales estaban sujetos a veces a la manipulación política" y también "criticaron las tres ramas del gobierno para el uso de procedimientos inadecuados para la selección de jueces y para manipular la asignación de jueces a casos específicos".

Para el Departamento de Estado, el nombramiento de jueces estuvo atado a "los largos retrasos, atascos de procedimiento, las brechas de largo en el nombramiento de jueces permanentes, apoyo administrativo, inadecuada e ineficiencia" que "obstaculizaron el sistema judicial" que "contribuyó a una percepción pública de que muchas decisiones son arbitrarias".

DESAPARICIONES

En el rubro "Desapariciones", el Departamento de Estado corroboró la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar y puntualizó la sentencia por crímenes en el excentro clandestino La Perla, con una nueva condena recibida por el represor Luciano Benjamín Menéndez y la primera condena a un empresario, ocurrida en Salta contra Marcos Levin.  Destacó también el hallazgo del nieto 121 por Abuelas de Plaza de Mayo y el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense para la identificación de restos óseos de víctimas de la dictadura.

TORTURA Y MALTRATOS 

Sobre casos de tortura y tratos inhumanos o degradantes, el informe señala que "no existe un sistema unificado de registro de los casos de víctimas de tortura a nivel federal" y reportó datos oficiales de la provincia de Buenos Aires con "221 quejas de tortura y malos tratos por agentes del orden durante la detención o confinamiento", de los cuales 52 eran menores de edad.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CIRCULACIÓN

En cuanto al capítulo "Libertad de expresión", el relevamiento señala que "los periódicos independientes, medios de radio y televisión, y sitios de Internet fueron numerosos y activos, expresando una gran variedad de puntos de vista", y advirtió sobre "informes de ataques físicos, amenazas y hostigamiento contra periodistas en relación con la presentación de informes, la mayoría de los cuales cubrían los casos de corrupción oficial", al aludir a casos de amenazas contra el periodista Luis Majul, el caso en que "unos desconocidos atacaron a un periodista de la televisión Canal TN que estaba cubriendo la salida de la ex presidente Cristina Kirchner desde Santa Cruz".

También se menciona el protocolo establecido por el gobierno para la protección de periodistas "en los casos en que sus actividades conllevan riesgos" y que el gobierno "no restringió el acceseo a Internet ni censuró el contenido on line" y agregó que "no hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o eventos culturales". Sobre la libertad de circulación y protección de refugiados, el informe señala que "el gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, solicitantes de asilo y otras personas de interés.

Otros temas desarrollados por el informe abordan la discriminación, abusos sexuales, trata de personas, violencia doméstica, antisemitismo, discriminación en materia de empleo, condiciones laborales, trabajo infantil.