Grooming y phishing, dos modalidades de ciberdelito que crecen en la Región

El caso de la mamá que defendió a su hija y citó al hombre que la acosaba por las redes sociales para enfrentarlo (ver aparte) en un parque público, puso la lupa en un delito poco conocido aún por las víctimas: el cibercrimen.

La historia mencionada se encuadra en la definición de “grooming”, un vocablo inglés que refiere al acto llevado a cabo por una persona mayor de edad (varón o mujer) que simula ser otro/a (en la mayoría de los casos, un menor), con el fin de obtener la confianza de los menores a los que contacta por la web. Una vez “captado”, el objetivo es obtener determinadas acciones de la víctima, en la mayor parte de los casos de índole sexual.

Pero no es el único incidente que involucra el acceso a Internet. En el país, los más frecuentes son calumnias, injurias y difamaciones; amenazas; delitos contra la propiedad intelectual; acceso indebido a sistemas informáticos; fraude informático (phishing); instigación a cometer delitos; apología del delito; extorsión; y daño informático (destrucción de sistemas informáticos y/o su contenido).

“Teniendo en cuenta las investigaciones trabajadas en el área, los delitos informáticos más comunes son aquellos en donde un tercero con un objetivo determinado, crea o se apropia de un perfil de una red social, haciéndose pasar por el verdadero titular de ese perfil, para relacionarse con sus contactos u otros perfiles y robar su información, como así también con el objeto de realizar calumnias e injurias”, explicó en diálogo con este diario, Walter Rojas, titular de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen que depende de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.

El phishing (término utilizado para referirse a uno de los métodos usados por los delincuentes informáticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta) es uno de los procesos más utilizados y que se beneficia de esa falla en la seguridad. Los ladrones cibernéticos hacen usufructo de las redes sociales y los correos electrónicos para conseguir números de tarjetas o de cuentas de banco.

Según el experto, la prevención ante estas posibles acciones delictivas informáticas tiene que ver con “el conocimiento por parte de la comunidad toda sobre estos temas”. En ese sentido, incita a “superar el miedo al uso de las nuevas tecnologías” y para ello propone “incorporarse a las mismas con paciencia y constancia, porque son una nueva forma de comunicación”.

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Esa familiaridad, sostiene Rojas, posibilitará al usuario “contar con herramientas que nos permitirán poder identificar estas maniobras apenas se produzcan”. Y, en el caso de ser víctima de una, “realizar una denuncia penal ante la autoridad competente”.

Por otra parte, un especialista en cibercrimen y ex miembro de la Policía, que prefirió no ser identificado, reveló que, en gran parte, “la responsabilidad de los ataques en redes u otras formas de internet, está en quien hace un mal uso de la tecnología”. “Hoy, nosotros, los usuarios, les entregamos la información detallada de nuestros movimientos a prácticamente cualquier persona”, expresó este perito informático.

Esa situación, añadió, sucede “cuando compartimos la clave de wi fi con los vecinos -a quienes no conocemos en persona- en un edificio, cuando damos acceso a conocidos o terceros a nuestras redes, donde está plasmado todo lo que hacemos”.

De esta forma, “el criminal aprovecha que tiene la logística del objetivo resuelta. Con bucear por la red, con algún tipo de entrada facilitada, pueden determinar si una casa quedó sola o si los ingresos de una familia subieron, por foto de un cero kilómetro, por ejemplo”.

“A veces no racionalizamos que, con apenas un clic, pueden recabar años de historia audiovisual de nuestra vida. Es tan simple como aceptar a alguien que no está dentro de nuestro círculo íntimo como amigo en Facebook, por ejemplo”, detalló.

EL PESO DE LA LEY, EN LA WEB

En cuanto a la cuestión legal, Rojas refirió que “en virtud de la evolución de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación), muchos de los delitos tipificados por el código penal se involucran con estas tecnologías, que no eran contempladas por el marco legal”.

Ese “error” fue subsanado en 2008, cuando se promulgó la ley 26.388, en la cual “se identifica a los delitos informáticos para su tratamiento en el proceso penal”.

De esta manera, se establecieron penas en el caso de la pornografía infantil (entre 6 meses a 4 años de prisión), y la incorporación del inciso 16 dentro del artículo 173 del Código Penal, para incluir el fraude mediante cualquier técnica de manipulación informática o la transmisión de datos (casos de phising o similares).