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El proyecto del ministro Sturzenegger va por su segundo intento de que la apruebe el Congreso. Puntos claves
federico Sturzenegger, ideólogo de la Ley Hojarasca/web
Luego de que su tratamiento se trabara en 2024 en el Congreso de la Nación. el gobierno de Javier Milei buscará ahora reimpulsar la denominada “ley Hojarasca”, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo de la economía.
El autor de la iniciativa, que ahora volvió a ser presentada en el Congreso es el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien dio ese nombre al proyecto debido a que su objetivo es limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.
Incluso, el expediente de numerosas fojas, se produjo tras realizar un exhaustivo análisis de todo el digesto vigente en nuestro país desde 1864 a la actualidad.
En sus fundamentos, se indica que la tarea de evaluar toda la normativa existente, “lejos de ser engorrosa, sirvió para visibilizar el exceso de leyes que se fue acumulando a lo largo de la historia y para advertir su falta de sentido. En algunos casos, por haberse cumplido su objeto, por haber sido superadas esas regulaciones por nuevas prácticas, por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores”.
Y se indica que “como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo busca invertir la lógica impuesta por “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX”, según la cual “se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido”.
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Sin embargo, advierte que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece claramente que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe”.
En ese sentido, los autores del proyecto dan vuelta el principio imperante y afirman que “para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido”. Por ende, “debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control”, subrayan.
Entre las leyes que se buscan derogar se encuentran las que “limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad”; las que establecen trámites sin sentido; las que fueron mejoradas por otras posteriores; las que quedaron obsoletas por cambios tecnológicos; las que definían obligaciones para instituciones que ya no existen y las que crean organismos con financiamiento público, como “el Círculo de Legisladores de la Nación” o la Federación Argentina de Municipios (FAM), que el gobierno de Javier Milei busca eliminar.
Buscan derogar leyes obsoletas, que limitan la libertad individual o la propiedad privada
Otros ejemplos a los que apunta el proyecto “Hojarasca” son el de la ley N° 14.034, sancionada en1951, que impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país; la ley N°18.312, de 1969, que controla la disponibilidad de papel de diario; la ley N°19.787, sancionada en 1972, que obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar y la ley N°20.120, de 1973, que obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar, entre otras.
Entre las leyes que se considera que están superadas o mejoradas, se encuentran la N°94, de 1864, que inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona; la 20.843, de 1974, que instaura figura de “padrinazgo presidencial” del séptimo hijo; o la 22.109, de 1979, sobre la vacunación de la viruela ha sido superada por la Ley N° 27.491 que establece el plan integral de vacunación.
Otros casos mencionados son el de la ley N°21.895, de 1978, que autoriza las emisiones de televisión en color; o la ley N°21.056, 1975, que fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo, entre otras, como la 24.127, de 1998, que instituye el premio a la “prevención de adicciones”.
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