La comunidad internacional sube la presión sobre Nicaragua para que termine la violencia

La comunidad internacional intensificó ayer la presión sobre Nicaragua para que el gobierno cese la represión y desarme a los paramilitares tras tres meses de manifestaciones que piden la salida del poder del presidente izquierdista Daniel Ortega.

EE UU, 12 países latinoamericanos (entre ellos Argentina y Brasil) y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, demandaron al gobierno de Ortega el cese inmediato de la represión a opositores, que ha dejado hasta el momento más de 350 muertos desde el inicio de las protestas, el pasado 18 de abril.

“Es absolutamente esencial que cese de inmediato la violencia y se revitalice el diálogo nacional, porque sólo una solución política es aceptable para Nicaragua”, declaró Guterres en San José (Costa Rica), donde consideró que el conflicto causó “un número de muertos que es absolutamente chocante”.

En la misma sintonía, 12 países latinoamericanos reunidos en Bruselas exigieron en una declaración conjunta el “cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas” en Nicaragua, así como el “desmantelamiento de los grupos paramilitares” a los que se atribuye la mayor parte de la violencia.

En tanto, el Departamento de Estado de EE UU instó a Ortega “a que cese de inmediato su represión contra el pueblo”.

Los llamados internacionales ocurren luego de que el domingo murieran al menos 12 personas cuando policías y paramilitares arremetieron contra la ciudad rebelde de Masaya, 35 km al sur de Managua, y comunidades vecinas para levantar los bloqueos de rutas mediante la llamada “Operación Limpieza”.

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El sábado habían muerto dos de los casi 200 estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma y en una iglesia, tras ser asediados durante casi 20 horas por bandas paramilitares.

Cientos de estudiantes marcharon ayer en Managua para exigir justicia por los muertos en las protestas.

“El gobierno ha impuesto una política de terror, pero llegaremos hasta el final por los muertos. Ortega no puede seguir gobernando”, dijo Axel Munguía, un estudiante de 20 años, durante la protesta en Managua.

“La lucha está en las calles, no vamos a regresar a clases mientras este hombre terrorista, genocida siga en el poder”, afirmó Juliana Munguía, estudiante de psicología. La marcha culminó frente a la temida cárcel El Chipote, donde exigieron la liberación de los jóvenes detenidos ilegalmente en las protestas.

LA “DEFENSA” DEL GOBIERNO

La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo aseguró que el gobierno actúa para liberar el territorio de los bloqueos de rutas y para “restaurar la paz”. Asimismo, aseguró que las protestas responden a “un plan terrorista y golpista acompañado por una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional. Ese golpe que quiso imponer esa minoría llena de odio, esa minoría siniestra, maligna, pero no lo lograron ni lo lograrán”.

Desde el 18 de abril, más de 350 personas perdieron la vida en una ola de protestas contra una reforma del sistema de pensiones que se convirtieron luego en un clamor para exigir la salida del poder de Ortega.

La oposición acusa a este ex guerrillero sandinista de 72 años, en el poder desde 2007 y cuya esposa Rosario Murillo es la actual vicepresidenta, de instaurar una dictadura y pide anticipar a marzo próximo las elecciones presidenciales de 2021.

El domingo, la diplomacia europea había condenado “los actos de violencia contra estudiantes y civiles” en Nicaragua, urgiendo a “cesar toda violencia” y a lograr “una solución pacífica y democrática en el país en el marco del diálogo nacional”. Una fuente diplomática de la UE reveló que el gobierno nicaragüense solicitó la mediación de la UE, pero que el pedido fue rechazado porque habría supuesto “una pérdida de credibilidad” ante un “régimen autocrático y cleptocrático”.

Por otra parte, la Iglesia católica denunció una nueva agresión en su contra en Nicaragua, luego de que un grupo de desconocidos incendiara en la madrugada de ayer la sede de Cáritas. (AFP y EFE)