Los abogados ante el desafío de trabajar por el bien común

Al comenzar año, más por una cuestión simbólica que por consecuencia de las dinámicas cotidianas, tendemos a realizar balances y repensar objetivos. En 2018 hemos desarrollado una actividad intensa, acompañando los nuevos desafíos que imponen las transformaciones del ejercicio profesional de la abogacía.

Somos conscientes que entre las cuestiones principales debemos intensificar la labor tendiente a la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de los habitantes, así como procurar el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El área de Acceso a la Justicia y Orientación Jurídica a la ciudadanía que funciona desde mediados de 2018 en nuestro colegio, concentra las actividades del Consultorio Jurídico Gratuito y los diferentes programas que venimos llevando a cabo (Víctimas, Niños, Niñas y Adolescentes, Trabajadores, Centro de Mediación, entre otros).

También aprobamos un plan integral en materia de género, con acciones concretar tendientes a eliminar las diversas formas de desigualdad que impiden la real equiparación de oportunidad a las abogadas, y seguiremos trabajando, con la sociedad y las víctimas, para visibilizar y revertir cualquier situación de violencia contra las mujeres.

Estamos convencidos que es el trabajo en equipo aquel que asegura los mejores resultados, y por esa razón, debemos salir del individualismo que nos aísla, para construir entre todos y todas los mejores proyectos.

Nunca estos caminos han sido sencillos. Sin embargo, sentimos que la sociedad reclama que demos el ejemplo y trabajemos por el bien común.

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Somos conscientes del enorme descrédito social que acumulan las estructuras estatales encargadas de prestar el servicio de justicia y la insatisfacción de la ciudadanía.

Por ello es imperioso avanzar coordinadamente en la conformación de una verdadera Política de Estado que defina cuestiones estructurales, tales como criterios de ingreso y selección de recursos humanos, enfoques con visión en la ciudadanía, fortalecimiento de controles de gestión y disciplinarios, perfiles de jueces y funcionarios, infraestructura, presupuesto o transparencia institucional.

Nuestra sociedad necesita contar con una mejor Justicia, tanto en el orden nacional como en las provincias, lo que conlleva a seguir dando un amplio debate y realizar una profunda reforma.

Una justicia que este dispuesta a enjuiciar al poder y a quienes lo detentan, que actúe de acuerdo a profundas convicciones y no por conveniencias circunstanciales, y en la que no se abrigue la menor duda acerca de la honestidad y honorabilidad de sus integrantes.

Un Poder Judicial que, desde sus máximas autoridades hasta el personal que atiende la Mesa de Entradas de sus organismos, trabaje para posibilitar que se recupere la confianza perdida, no por obra del azar o de algún sector mal intencionado.

No alcanza con reformar códigos procesales, incorporar tecnología o mejorar la gestión de los juzgados -aunque todo esto es importante- sino que -antes que nada- los procesos de reforma deben comenzar por los mecanismos de designación y remoción de magistrados.

Al incumplimiento de la cláusula constitucional que impone una integración equilibrada entre los estamentos que componen el Consejo de la Magistratura, se suma la inexistencia de procedimientos que garanticen criterios objetivos predeterminados de evaluación para la conformación de las ternas.

La modificación sancionada en 2018 a la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados de nuestra provincia ha sido una oportunidad pérdida para permitir una reforma integral que agilice este tipo de procesos y brinde una rápida respuesta -a la sociedad pero también a los funcionarios involucrados- frente a hechos que requieren certezas en su resolución.

Y son estas mismas certezas las que se requieren frente a las denuncias que involucran el fuero penal de nuestra ciudad.

Necesitamos que la investigación sea seria, profunda y definitiva, para superar el manto de sospecha que afecta por igual a todos los operadores del servicio; jueces, fiscales, funcionarios, y también los abogados y abogadas que ejercen la profesión en ese ámbito.

El rol institucional que desempeñamos nos obliga a ser responsables en nuestras intervenciones y a no caer en la declaración superficial, carente de todo sustento, y que sólo contribuye a generar más descrédito a las instituciones, sin ayudar al esclarecimiento de los hechos y conductas investigados

El problema de la corrupción es sistémico y un desafío para el crecimiento democrático.

Sanear las instituciones implica una “mea culpa” de cada uno de los poderes del Estado, pero también de la sociedad civil, en aras del fortalecimiento del sistema republicano.

La solución sigue estando en cumplir y exigir que se cumpla la Constitución y la ley.

Giovanni Sartori, al reflexionar sobre la democracia, destacaba que si gobiernan las leyes -que son reglas generales e impersonales- no gobiernan los hombres, y a través de ellos, la voluntad arbitraria, despótica o simplemente estúpida de otro hombre. Para eso ejercemos la abogacía.