Se podrá regularizar deudas y levantar embargos a través de la página de ARBA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementó un nuevo desarrollo digital que posibilitará a los contribuyentes con deudas en instancia judicial transferir al fisco fondos de cuentas embargadas, suscribir planes de pago y levantar medidas cautelares a través de un trámite por Internet, evitando la necesidad de gestiones presenciales.

A partir de ahora, tanto los agentes de recaudación como los contribuyentes de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Automotores, Embarcaciones, Sellos e Inmobiliario, tanto básico como complementario, que se encuentren alcanzados por medidas cautelares, podrán ingresar a www.arba.gob.ar con su CUIT y CIT para suscribir un plan de pagos judicial con transferencia de montos embargados.

Desde la propia web de ARBA formalizarán el plan de regularización, autorizarán la transferencia de los fondos correspondientes y se gestionará el levantamiento de las medidas cautelares.

Gastón Fossati, director de ARBA, explicó que “para pagar el anticipo del plan de regularización o cancelar la deuda, los contribuyentes podrán utilizar los mismos fondos que se encuentran embargados, lo que contribuirá a acelerar el levantamiento de las medidas cautelares”.

En ese sentido, subrayó que “todo el procedimiento se realizará desde la web de ARBA. De esa forma, la resolución del juicio de apremio será mucho más simple y flexible, favoreciendo la situación de las PyMES y demás contribuyentes con deuda, que tendrán la posibilidad de levantar rápidamente los embargos e inhibiciones”.

Fossati sostuvo que “la iniciativa va en línea con otras acciones de respaldo a los sectores productivos que implementamos en los últimos meses, con el objetivo de facilitar la regularización de deudas, liberar cuentas bancarias inmovilizadas por embargos y brindar un alivio tributario”.

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Entre otras medidas, ARBA difirió el vencimiento de Ingresos Brutos, abrió la posibilidad de ingresar a planes de pagos caducos, suspendió el inicio de más de 49.500 juicios por deudas tributarias, flexibilizó el levantamiento de medidas cautelares, amplió el monto de devolución automática para quienes poseen saldos a favor con el fisco e incrementó los límites que rigen para que las empresas actúen como agentes de recaudación.