En los últimos tres meses ya vandalizaron casi tantas escuelas como en todo el 2018

“Quien ataca una escuela ataca su casa, la nuestra, la de todos”. Con esa reflexión, teñida de lamento, introduce Adriana Frega, jefa inspectora de Educación bonaerense, a la problemática del vandalismo en los establecimientos educativos, un flagelo que en apenas tres meses -de diciembre de 2018 a lo que va de este año- sufrieron 117 escuelas y jardines de infantes de la Provincia. El dato se vuelve más grave si se repara en el hecho de que en todo el año pasado se atacaron 131 instituciones: en el trimestre en cuestión ya se alcanzó más del 89% de la cifra registrada en 2018.

Y en la Región los ataques delictivos -desde la destrucción hasta el robo de costosos mobiliarios y aparatos tecnológicos- también tienen a los inmuebles educativos como uno de sus blancos preferidos. Así, si el año pasado el relevamiento realizado por la Provincia y el Municipio contabilizó 30 ataques, de diciembre de 2018 a febrero de 2019 se registraron 10 casos. Más de cinco escuelas por mes y otra cifra que alarma: en apenas dos meses, el vandalismo alcanzó más del 33% de lo anotado el año pasado.

Pero tras los números y los daños causados en el robo de electrodomésticos, aparatos tecnológicos, medidores de gas, tanques de agua, rotura de ventanas, paredes, ventanas, rejas, luces de emergencia, estufas, aparecen las víctimas indirectas del vandalismo: la comunidad de alumnos, docentes y directivos. “Estamos hablando de ataques a nivel social”, puntualiza Frega, quien todavía no sale de la conmoción por el grave episodio que el último domingo -en la víspera de la normalización del ciclo lectivo tras el paro docente- tuvo lugar en una escuela especial de San Martín. Ese día, el buen olfato de una vecina detectó un fuerte olor a gas; luego, un silbido; llamó a bomberos, a la Policía. “Sabotearon el medidor de gas rompiendo la válvula del medidor, dejaron un encendedor y a 10 centímetros papeles prendiéndose fuego”, precisó la Inspectora provincial sobre el hecho que ya fue denunciado. “Por suerte no había chicos, pero esto es una desgracia peligrosa y salvaje”, disparó la funcionaria.

Cifras que alarman

Con sus variantes, pero siempre con el vandalismo como línea rectora, lo ocurrido en San Martín lo sufrieron el año pasado decenas de establecimientos platenses: la Primaria N° 124; Jardín de Infantes N° 972; Primaria N° 72; Primaria N° 27; Secundaria N° 72; Secundaria N° 82; Jardín de infantes N°92; Escuela N° 67; Secundaria N° 57; Escuela Primaria N° 32; Centro de Formación Laboral N° 2; Jardín Municipal N° 6 ‘Hugo Stunz’; Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°9; Primaria N° 25 y Secundaria N° 26; Especial N° 514; Especial N° 529; Jardín de Infantes N° 977; Secundaria N° 88; Jardín de Infantes N° 946; y la Primaria Nº41, entre otros. Y de diciembre a febrero de este año, la delincuencia se ensañó otra vez con la Secundaria N° 82; Primaria N° 27; Media Nº 15; Jardín N° 972; Primaria N° 72, Jardín N° 962; Primaria N° 50; Secundaria N° 49 y Primaria N° 124.

En lo que hace al período actual no hay registros sobre la cantidad de dinero que la Provincia y el Municipio -ejecutor del Fondo Educativo- debieron destinar a reparar los daños causados. Pero el antecedente 2018 habla de gastos por $14 millones ($1,2 millones mensuales) que la Comuna -con el aporte de todos los platenses- debió desembolsar para poner de pie a los establecimientos platenses tras los ataques. Con el mismo monto se podría haber construido un Jardín o 14 nuevas aulas con la última tecnología, en una ciudad en la que llueven las demandas por pupitres vacíos.

En la Provincia, las 131 instituciones atacadas el año pasado representaron $105 millones, con las que se podrían haber levantado 66 aulas de Jardín de Infantes.

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Otro dato: el relevamiento realizado no tuvo en cuenta los daños por incendios, como así también se advirtió que solo pudieron sumarse al registro aquellos hechos que fueron denunciados. Pues, muchas veces la impotencia empata con la resignación ante la mayoría de episodios que nunca se esclarecen y directivos y docentes prefieren no hacer la denuncia.

Frega lo admite: “Trabajamos junto a los papás, lo abordamos desde Educación con los ministerios de Justicia, Salud y Desarrollo, pero muchas veces no sabemos cómo prevenir estos hechos”.

Sin responsables identificados por el último de los ataques denunciados, en la Provincia esperar dar con los responsables de un flagelo en el que, hasta ahora, flamea la bandera de la impunidad. “Que ataca espacios comunes, de ciudadanía”, dice Frega, y se “niega” a pensar en “atentados premeditados contra la educación. Nada menos que nuestro futuro”.