Brasil y Paraguay anularon el acuerdo secreto y Abdo Benítez zafó del juicio político

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, superó hoy el riesgo de ser destituido luego de que su gobierno y el de Brasil rescindieran formalmente el acuerdo secreto para la compra de energía a la represa binacional Itaipú, cuya revelación lo puso en jaque, y de que la iniciativa para promoverle juicio político quedara sin la mayoría necesaria en el Congreso.

Abdo Benítez salvó su cargo gracias a que Honor Colorado, la fracción del Partido Colorado gobernante que encabeza su antecesor, Horacio Cartes, y a la que está enfrentado, retirara su apoyo al juicio político por considerar “reparado el daño” con la anulación del convenio.

“Con la firma de anulación del acta secreta de Itaipú y la remoción de los que fueron parte de la misma, el Movimiento Honor Colorado considera reparado el daño hecho al país, por lo tanto retira su apoyo al juicio político contra el presidente”, informó el titular de la Cámara de Diputados y vocero de ese sector, Pedro Alliana, en su cuenta de Twitter.

De ese modo, la iniciativa promovida también por los opositores Partido Liberal y Frente Guasú quedó imposibilitada de contar con la mayoría de dos tercios que la Constitución establece para que la Cámara de Diputados acuse y el Senado juzgue.

La decisión de Honor Colorado se conoció poco después de que el nuevo canciller de Paraguay, Antonio Rivas, y el embajador de Brasil en Asunción, Carlos Simas Magalhaes, firmaran esta mañana, en la sede de la cancillería paraguaya, la anulación del acuerdo secreto.

En el documento, los dos países resolvieron delegar “a las instancias técnicas la definición del cronograma de potencia a ser contratada por la estatal paraguaya Ande y la brasileña Eletrobras para el período 2019-22” y se comprometieron a encontrar “una solución para el problema a corto plazo”, según la agencia de noticias EFE.

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Una vez rescindido el polémico acuerdo y descartado el juicio político, Abdo Benítez rompió el silencio con un mensaje en el que agradeció el “respeto” de los diversos actores políticos a “la institucionalidad democrática” y formuló un “llamado al diálogo y a la reflexión” a “todos los líderes políticos”.

En el Palacio López, acompañado por su esposa y sin permitir preguntas de los periodistas, el jefe del Estado reiteró su compromiso de “no tolerar corrupción” y advirtió que “si hay otros (funcionarios) que han sido negligentes en su trabajo, también van a seguir siendo destituidos”, reportó la agencia estatal IP.

“Pido disculpas si me he equivocado”, dijo Abdo Benítez en el mensaje de 20 minutos, en el que lució “bastante cansado” según el diario Última Hora y cuyo contenido resultó “insípido” para el diario ABC Color.

“El domingo he ordenado al entonces canciller, Luis Castiglioni, ante la vulnerabilidad que podía tener Paraguay en la redacción de un acta, que llevara adelante el proceso para su anulación, entendiendo que generó un debate apasionado, y estoy seguro de que la mayoría lo hizo de buena fe”, expresó el mandatario.

“Dije que no voy a tolerar corrupción, que por más que me duela, por la cercanía de compañeros y amigos de lucha, no nos da derecho a tener inconductas en el manejo de las cosas públicas, no solo actos de corrupción sino también errores”, subrayó.

“Por eso he ordenado que aquellos que participaron de un proceso, tal vez sin mala voluntad, fueran destituidos de sus cargos”, completó.

El escándalo generado por el acuerdo secreto, revelado la semana pasada, causó la salida del gobierno de Castiglioni; el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, y los presidentes de la empresa estatal Administración Nacional de Energía (Ande), Pedro Ferreira y, pocos días más tarde, Alcides Jiménez.

Paraguay y Brasil suscribieron el 24 de mayo un acta -que se mantuvo en secreto hasta la semana pasada- que establecía un cronograma de compra de energía a Itaipú hasta 2022, un año antes de que ambas partes deban renegociar algunos aspectos del tratado constitutivo de la represa binacional.

La oposición criticó ese acuerdo por considerar que significa una entrega de soberanía energética a Brasil e impulsó un juicio político a Abdo Benítez, al que acusó de “vendepatria”.