Buscan rezonificar áreas rurales y que los beneficiarios paguen más a la Comuna

El Concejo Deliberante local fue ayer escenario de un tenso debate en torno a las políticas recaudatorias vinculadas a la urbanización de zonas rurales. Fue durante la exposición de un paquete de proyectos de ordenanzas para extender la mancha urbana en la periferia que presentó la secretaria de Planeamiento municipal, María Botta, y que despertó acalorados cruces y cuestionamientos de la oposición por la ausencia de una ordenanza que establezca el cobro de una plusvalía urbanística.

Las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo prevén la rezonificación de al menos 800 hectáreas en las zonas sur, norte y oeste de la Ciudad, a fin de que barrios ya consolidados y macizos rurales obtengan los indicadores urbanísticos que les permitan desarrollar lotes con servicios.

Pero durante la exposición de Botta sobre la letra de los proyectos en la comisión de Planeamiento, la oposición realizó una contundente objeción: no hay en el Municipio una ordenanza que establezca para estos casos el cobro de una plusvalía urbanística, por lo que todos los sectores que se beneficien con la medida no aportarán ese tributo a la Comuna.

Se trata de un concepto que grava la revalorización que una tierra tiene a partir de obtener indicadores urbanísticos que permiten el desarrollo de servicios y su loteo y escrituración, y que puede implicar entre el 15 y el 30 por ciento de la nueva valuación fiscal que establezca ARBA para la propiedad.

Quien llevó la voz cantante en defensa de avanzar con una medida de esa naturaleza fue la concejal del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, quien advirtió que realizar estas ampliaciones de la mancha urbana sin la herramienta fiscal, “beneficiará ampliamente a un sector, en detrimento de otro, cuando el abono de ese canon permitiría el crecimiento de zonas más postergadas”.

El planteo opositor propone la sanción de una ordenanza que aplique un tributo a los propietarios de los terrenos que se benefician con estas medidas urbanísticas, por el incremento del valor del metro cuadrado, generando fondos afectados a la extensión de otros barrios de la Ciudad donde se requieren obras de infraestructura de distinta índole.

LE PUEDE INTERESAR

El Senado aprobó la ley de movilidad jubilatoria que quería el kirchnerismo

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno reconoce que depende de EE UU para cerrar con el FMI

En el bloque de Juntos por el Cambio se mostraron a favor de avanzar con una legislación en ese sentido, aunque en 2021, lo que provocó enfáticos reproches de Tolosa Paz. El argumento en contrario de la concejal es que, según sus cálculos, la Comuna prevé rezonificar con este paquete “unas 1.500 hectáreas”, por lo que “de nada sirve que establezcamos el cobro de una plusvalía urbanística para los desarrolladores el año que viene, dado que el indicador que revaloriza sus tierras ya fue otorgado sin abonar nada”.

Si bien el presidente de la comisión legislativa, Javier Mor Roig, afirmó consensuar con la concejal, sólo indicó la existencia de una voluntad política para avanzar posteriormente en una iniciativa de esa índole, lo que despertó la fuerte reacción de la opositora: “Estoy cuidando las arcas de la Comuna, aunque las gobierne un intendente de otro partido político, ustedes deberían estar de mi lado y veo que es al revés”.

También polemizó con Botta, a partir de que la funcionaria propusiera saldar el problema de la plusvalía con una reglamentación posterior a ese paquete de ordenanzas, a cargo de la Agencia Platense de Recaudación (APR). “¿Vamos a dejar en manos de un área de gobierno una reglamentación discrecional y posterior cuando tenemos la oportunidad de establecer la norma entre todos, los 24 concejales?”, replicó Tolosa Paz.

Insistió, además, la edil peronista en cuestionar el “apuro” por pretender sancionar este paquete de ordenanzas el 23 de diciembre, en lugar de “legislar planificadamente, con un tributo que le permita al Municipio equilibrar las desigualdades en el crecimiento de la Ciudad”.

Finalmente, la presidenta del deliberativo, Ileana Cid, propuso avanzar en el estudio de la posibilidad de sancionar “una herramienta que complemente los instrumentos fiscales pero desde el punto de vista urbanístico”, cuya viabilidad, afirmó, analizarán en los próximos días.

Como viene publicando este diario, el gobierno de Julio Garro envió al Concejo Deliberante un paquete de cuatro proyectos de ordenanza que otorgan nuevos indicadores urbanísticos a varias zonas de la periferia sur, oeste y norte, como también a las canteras ubicadas en Hernández, donde está previsto el desarrollo de un emprendimiento de edificios de viviendas, centro comercial y oficinas.

Como viene publicando este diario, las iniciativas urbanizan tierras en los barrios de Villa Elvira, Villa Garibaldi y Parque Sicardi, así como polígonos y sectores de unas 80 hectáreas en el norte, en la zona del arroyo Rodríguez y el camino Centenario, a la altura de 462.

Además de incorporar protección patrimonial al barrio Nirvana y el humedal de los arroyos Carnaval y Martín, se prevé la construcción de un nuevo barrio cerrado en la zona de 467 y 152.

Lo mismo ocurre en el oeste, en espacios próximos a la ruta 36. Y, en el caso de la cantera de Hernández, ubicada en la zona de 514 y avenida 25, se declara al emprendimiento de su recuperación de “interés municipal”, condición que le permitirá a los desarrolladores privados avanzar con rapidez en los trámites que deben afrontar.

La disputa en torno a este paquete de ordenanzas “urbanizadoras” se da en el marco de las tensiones entre el oficialismo y la oposición que tienen en el centro del debate al Presupuesto municipal 2021, la ordenanza Fiscal, la Ordenanza Impositiva y la refinanciación de la deuda de 131 millones con la Provincia por los fondos del COVID-19. Todos estos proyectos serán discutidos en el recinto en la sesión del 23 diciembre.