Siete diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra Alberto Fernández por “abuso de autoridad” por la intervención de la empresa Vicentin, anunciada ayer por el Presidente en Casa Rosada, lo que tensiona aún más la relación entre el oficialismo y la oposición en torno a la sorpresiva medida.
“El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, argumentaron Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli, los legisladores de la coalición opositora que firmaron la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py.
En la denuncia se detalla además entre los fundamentos que "a causa de utilidad pública que justifica el proceso de expropiación, en caso de ser considerada, corresponde que sea declarada por ley del Congreso Nacional (art. 17 de la Constitución Nacional) y no puede ser en consecuencia considerado por el Poder Ejecutivo Nacional como justificación para la designación de un interventor, sin violarse, como se dijo, el art. 29 de la Carta Fundamental".
"Finalmente, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de Gobierno (art. 1 de la Constitución Nacional), pues invade potestades propias de la competencia judicial de la Provincia de Santa Fé, donde está radicado el proceso concursal mencionado. Por lo expuesto, la lisa y llana decisión de intervenir la gestión de la empresa en cuestión resulta violatoria del proceso concursal y de las normas constitucionales mencionadas", agregan en la denuncia.
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