Debiera preocupar la mayor presencia de menores en casos delictivos violentos

Lo ocurrido en las últimas horas en La Plata, a partir de dos asaltos en los que intervinieron menores de edad, expuso en forma dramática la necesidad de que los organismos del Estado impulsen en forma perentoria políticas para alejar a los chicos y adolescentes del delito.

Desde luego que se está frente a causas recién abiertas y, por consiguiente, le corresponde a la Justicia penal investigar y decidir sobre las características de cada caso. Pero sí puede y debe aludirse aquí a los tantos episodios similares que se suceden y que ponen a la vista la intervención de menores de edad en robos, asaltos a mano armada y en otros graves delitos, en una situación que se viene presentando en forma creciente en los últimos años, tanto en nuestra ciudad como en diversos puntos del país.

Hace algo más de dos décadas los jueces del fuero de Menores alertaban sobre este protagonismo -entonces no generalizado, pero que crecía en forma ostensible- de adolescentes primero, y luego de chicos de muy corta edad, en situaciones que a partir de entonces cobraron mayor predicamento por el creciente consumo de drogas por parte de los menores. La corta edad y las adicciones se convirtieron, así, en una suerte de camino seguro hacia el delito de muchos chicos y adolescentes.

En algunos años de fines del siglo pasado y principios del actual resultaban llamativas las estadísticas del fuero de menores, demostrativas de que el delito venía acompañado casi siempre del consumo de drogas.

Ese crecimiento en la participación de la vida delictiva por parte de los menores se vio, asimismo, agravado, cuando los precoces delincuentes comenzaron a utilizar armas de fuego. Se habló en esa época del hecho de que muchos malvivientes mayores de edad comenzaron a buscar “mano de obra” entre los menores, para así aprovechar la inimputabilidad penal que los beneficia.

Se han reiterado fundamentaciones acerca de la necesidad de que existan en la Provincia y en el país políticas preventivas y de inclusión integral para alejar a los menores del delito. Ello, tomando como base la creciente influencia que ejerce sobre ellos el cada vez más temprano consumo de drogas, entre otros factores gravitantes, relacionados fundamentalmente al crecimiento de los índices de pobreza.

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La cuestión está lejos de agotarse en el país mediante debates por la imputabilidad de los menores, ya que la diversidad de factores que inciden es previa a cualquier definición en ese sentido.

La solución de fondo no pasa por el despliegue de una intensificación de las acciones policial y judicial. Y que el Estado -ni la sociedad misma- están eximidos de atender a la niñez y adolescencia con una mucho mayor presencia preventiva, profundamente educativa y, cuando sea necesario, con esmerados planes de asistencia. Algunas experiencias de tipo social resultaron notablemente exitosas en este sentido en los últimos años.

Es cierto que el deber prioritario en materia de inseguridad es impedir que se cometan delitos, que es tarea indelegable de la Policía. Ello no impide señalar que una mayor inclusión de chicos y jóvenes conflictivos en actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o recreativas podría apartarlos del delito y de la incidencia de la droga, abriéndoles, además, perspectivas concretas de un futuro mejor.