Denuncian por “extorsión” a dos organizaciones sociales

Tras el impacto que causó un informe televisivo que mostró cómo dirigentes sociales “pasaban lista” a personas que participaron de las manifestaciones piqueteras del último miércoles por el centro porteño, como requisito previo para después garantizarles un pago a cuenta del salario social complementario que abona el Estado, el fiscal Guillermo Marijuan denunció a las autoridades del Polo Obrero y la Organización Clasista Revolucionaria (OCR) por “posible extorsión”.

En el Gobierno, en tanto, se encuentran expectantes por el proceso, pero adujeron que la pesquisa debería concentrarse en las propias organizaciones -que hoy ofrecerán una conferencia de prensa para advertir sobre una campaña de desprestigio- ya que el Estado gira el dinero a cuentas bancarias a nombre de cada beneficiario.

Ayer a la mañana, Marijuán presentó una denuncia penal ante la Cámara Federal para que se investiguen posibles delitos de coacción, que tienen una pena de prisión o reclusión de dos a cuatro años al que “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

La Justicia investiga si las agrupaciones obligan la asistencia a marchas a cambio de un pago mensual

La presentación fue realizada ante el tribunal de alzada porque los hechos “fueron cometidos en el marco de actuación y desenvolvimiento de los planes sociales implementados por el Estado Nacional en momentos de plena crisis vivida por el país”.

LE PUEDE INTERESAR

Entre la certificación de los videos de Olivos y la defensa de la “apuntada” para la foto

LE PUEDE INTERESAR

El directorio del Bapro sumó otra vacante y Kicillof se resiste a negociar sillas con la oposición

Todo sucedió cuando finalizaba la masiva jornada de protesta que habían llevado a cabo organizaciones sociales referenciadas en la izquierda. En esos momentos, el canal TN mostró una larga fila de manifestantes apostados sobre la avenida 9 de Julio, que depositaban un número dentro de una bolsa que, en la práctica, confirmaba un viejo sistema clientelar. Es que con esas maniobras, los dirigentes sociales se aseguran la presencia de estas personas hasta la culminación del acto y, a cambio, luego liberan los pagos. “Si no venís, te dan de baja. Yo cobro $12 mil por mes de básico”, relató un hombre que dijo pertenecer “a la organización OCR, somos de Moreno y de Morón”.

En tanto, otra mujer detalló que para cobrar su plan social “tengo que ir a trabajar a un merendero, a un comedor y también asistir a los reclamos y venir a las marchas. Acá saben que cumplí con la marcha porque me hacen firmar a la ida y a la vuelta”.

Estos testimonios fueron los que llevaron a Marijuán a actuar de oficio y en el marco de la causa, ya solicitó que se identifique “a aquellas personas que se observan en las imágenes periodísticas tomando asistencia a los concurrentes a la marcha social sindicada”, que estaban apostados a metros de la sede del ministerio de Desarrollo Social.

De hecho, el funcionario le pidió al organismo que suspenda “cualquier asistencia financiera o de cualquier tipo” a los movimientos sociales denunciados pero que evite cortar los fondos a los beneficiarios “toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes”.

En el Gobierno aseguraron que están “anoticiados” del proceso judicial en marcha

Justamente desde la cartera conducida por Juan Zabaleta ayer explicaron que están anoticiados del proceso pero que aún no les llegó “ningún oficio” para que algún funcionario pueda contestar los requerimientos del fiscal del caso. Con todo, deslizaron ante este medio que la Justicia debería volcarse al funcionamiento de las “propias organizaciones” donde se producirían estas maniobras.

Hoy el Estado paga poco más de un millón de beneficios del Potenciar Trabajo en cuentas bancarias nominalizadas.

En el Gobierno, con todo, buscan evitar confrontar con los movimientos sociales ya que un gran número está alineado al Frente de Todos. De hecho, funcionarios como Emilio Pérsico o Fernanda Miño, con roles jerárquicos en la cartera ubicada en el histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, son parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Uno de los dirigentes apuntados por la justicia es Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, que también rechazó ante la consulta de este diario que haya recibido una notificación de la fiscalía. Aunque repudió “los métodos” que expusieron las cámaras de televisión, dijo que no conoce la acusación contra su organización. “Combatimos muchos años estos mecanismos, que son los que usan los intendentes con sus punteros barriales y así someten a la gente. En las organizaciones nos reunimos en asambleas”. Anticipó que hoy varias entidades sociales llevarán a cabo una conferencia de prensa para anunciar “acciones penales contra los canales” que “hayan difundido mentiras contra las organizaciones sociales”. Y lamentó que el escándalo oculte los reclamos urgentes al Gobierno como lo son los atrasos en los pagos, el pedido de refuerzo a los comedores y un plan de viviendas para dar soluciones habitacionales.

Aún se desconoce si solo participarán grupos de izquierda o se sumarán otras agrupaciones que han ganado la calle en los últimos tiempos: como los “Cayetanos” aliados a la Casa Rosada o. Barrios de Pie, la organización que responde a Humberto Tumini a nivel nacional y que conduce Silvia Saravia en el Conurbano, que no adhirió a la marcha del miércoles. Es que dicha entidad había acordado un acuerdo con Florencio Randazzo para estas elecciones, un candidato que viene siendo crítico de los piquetes en las calles.