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El Presidente, a través de su vocera, ratificó su postura de no suspenderlas el próximo año, en otro capítulo de la interna con el kirchnerismo, que mantiene la presión
Kicillof y Alberto Fernández compartieron acto ayer / Télam
A través de su vocera, el presidente Alberto Fernández volvió a ratificar ayer su postura en torno a la eliminación de las Primarias Abiertas (PASO), una movida que perseguiría el kirchnerismo duro y que ha creado una división notable en el oficialismo.
“El Gobierno sostiene que hay una ley vigente, que es una buena ley. El proceso de convocatoria a las PASO está en marcha porque es el año que viene”, aseguró Cerruti en su habitual conferencia de los jueves con la aparente intención de cerrar la discusión.
Pareció la respuesta al kirchnerismo y el massismo que piden armar una “mesa política”
“Es una buena ley que implica más democracia, más participación. Es una ley que acompañamos cuando fue votada y nos parece que en un momento en el cual muchos actores políticos están intentando generar situaciones anti políticas o el descreimiento de la gente de la política; cuanto más discusión y participación haya, mejor es”, insistió.
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Ya lo dijo el Presidente hace poco: cada palabra que dice Cerruti, es su palabra. Así, pareció la respuesta a las presiones del kirchnerismo y del massismo para armar una mesa política para discutir el tema, pero con la intención real de voltear las PASO en 2023 desde la creencia de que ese test -pautado para agosto próximo- será refractario al oficialismo y le restará fuerza para las generales de octubre.
Fernández juega públicamente con la idea de que él mismo se presentará a las Primarias del Frente de Todos, lo que supone el objetivo de pelear la reelección. El resto del oficialismo parece no acompañarlo en esa jugada.
La ratificación de la vocera llega en la previa del discurso que dará hoy Cristina Kirchner -sin dialogo con Alberto- en un encuentro de la UOM . Se especula con que la vice se referirá allí a la delicada situación económica (ya dio muestras, vía Twitter, de que no está muy de acuerdo con ciertas decisiones del gobierno) y acaso se explaye sobre el tema Primarias, un ítem que abordaron sus hombres más leales, básicamente la cúpula de La Cámpora.
En cierta forma, los dichos de Cerruti pueden leerse como una presión al camporista ministro del Interior, Wado de Pedro, que es el encargado de llevar adelante el proceso electoral en representación del Poder Ejecutivo. De Pedro es de los más obstinados en voltear las PASO y, de hecho, admitió que existe un operativo, respaldado por gobernadores e intendentes, para convencer a Fernández. Hasta ahora, no han podido.
La postura del Presidente a favor de mantenerlas para no cambiar las reglas de juego sobre la marcha, se complementa con un dato que dejaron trascender generosamente desde la Rosada: el Ejecutivo no tendría ninguna intención de incluir el proyecto anti Primarias en las sesiones extraordinarias del Congreso. Así, el kirchnerismo se vería obligado a tratar de conseguir la eliminación antes del 30 de noviembre, cuando terminan las ordinarias.
El proyecto para suspender esos comicios, que suelen funcionar como una gran encuesta nacional, fue presentado por el diputado rionegrino Luis di Giácomo, delfín de ex gobernador Alberto Weretilneck y aliado del oficialismo en las votaciones clave. Hasta ahora, los kirchneristas no estarían reuniendo el número necesario para aprobarlo (129 votos): no sólo porque la oposición no acompaña sino porque además hay rebeldía en la propia bancada oficialista, que se compone de 118 legisladores.
Volviendo a Cerruti, más allá de trasladar lo que piensa el Presidente cuidó las formas: “Es un tema que no define el Poder Ejecutivo, sino que lo define el Congreso y, por lo tanto, es el que tiene que definir su agenda”, aseguró sobre la polémica por las PASO. Y metió un palito: “El Gobierno lo que cree con respecto a la agenda del Congreso es que hay en este momento otros temas más prioritarios, como el de la Renta Inesperada”.
Es notable cómo se planchó esa cuestión luego de la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía. Se recuerda: era un proyecto que proponía cobrar un impuesto a las empresas que vieron incrementada su ganancia por la supuesta mejora económica que significó para ellas la situación de guerra en Ucrania.
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