Le quitarán planes a los imputados por saqueos

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la “suspensión” del “beneficio social asignado” a las personas que hayan sido “imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos” de robos registrados en los últimos días, por lo que la funcionaria solicitó información al Ministerio de Seguridad y “hay 8 de los 92 detenidos” en esa condición.

En una nota enviada por el sistema de Gestión Documental Electrónica, fechada el viernes y difundida ayer, Massa informó también a la ministra sobre el destino de un presupuesto de $700 millones, ampliable si hay más demanda, al Programa de Reparación para los comercios afectados por los robos de los últimos días.

Massa había anunciado el miércoles pasado desde Washington que habría “reembolsos” para los comerciantes que en los últimos días sufrieron robos en distintos puntos del país.

El monto por comercio asciende hasta $7 millones en Aportes No Reembolsables (ARN), siendo alcanzados todos los comercios; los pequeños, de acceso automático; y los de más de 50 empleados, con el compromiso de cumplir con el acuerdo de Precios Justos, según se informó en esa oportunidad.

Se contemplan hechos ocurridos entre el 19 y el 24 de agosto en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

Por otro lado, esto también podría derivar en eventuales infracciones incluidos en los artículos “167 inc. 2 (Robo calificado por ser cometido en poblado y en banda); 166 inc. 2 (Robo calificado por ser cometido con armas, o en despoblado y en banda); 163 inc. 2 (Hurto calificado por ser cometido en ocasión o conmoción pública o de un infortunio particular de damnificado); 209 (Instigación a cometer delitos)”.

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“Lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado entren por una puerta y salgan por la otra en una comisaría”, dijo Massa.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, informaron que tras la nota de Massa, la ministra Tolosa Paz pidió informes al Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández.

“El Ministerio de Desarrollo Social implementa políticas de inclusión laboral y esas políticas no pueden ser desvirtuadas. Todo el esfuerzo que hace el Estado Nacional para incluir laboralmente no puede estar utilizándose para delinquir, así que hemos tomado la decisión de darle la baja a toda aquella persona que haya actuado en estos hechos delictivos de los últimos días”, reportaron desde ese ministerio.

Sostuvo que “en función de ello, realizamos la solicitud al ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, de la nómina de los detenidos para poder cruzar con la nómina del Potencial Trabajo”, y precisó que “en la primera nómina que envió el Ministro de Seguridad hay 8 de los 92 detenidos por los hechos de público conocimiento que se dieron la última semana”.

Tolosa Paz aseguró que “vamos a ir con mucha contundencia a dar un mensaje claro, que el programa Potenciar solo tiene una intención, que es que se incluyan laboralmente aquellos hombres y mujeres que no tienen trabajo en la Argentina”.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social señalaron que “hay una segunda nómina enviada por el Ministerio de Seguridad que se está entre cruzando con la base del Potenciar Trabajo”, por lo que “puede haber más bajas”.

la organización

Convocatorias a través de grupos de Whatsapp y agitación a través de redes sociales fueron los denominadores comunes de los saqueos y robos organizados a comercios y supermercados ocurridos en distintos puntos del país y principalmente en la zona oeste y norte del Gran Buenos Aires, según señalaron fuentes oficiales y judiciales.

Los resultados de los primeros días de investigación permitieron determinar, además, que en muchos casos hubo personas con antecedentes penales involucradas en los hechos delictivos, algo que quedó plasmado en los distintos expedientes judiciales y que provocó que los investigadores vuelvan a preguntarse quiénes pueden estar detrás de los hechos.

En Moreno, provincia de Buenos Aires, se produjo una situación particular: en una vivienda allanada en una causa por supuesto tráfico de estupefacientes se encontraron elementos robados de un supermercado chino y hasta un changuito de ese comercio, informaron fuentes judiciales consultadas por esta agencia.

Hasta ahora, los robos organizados tramitan ante la justicia local y fueron provisoriamente encuadrados como “robo en banda en poblado” que tienen penas de hasta 10 años de prisión, aunque la justicia federal porteña tiene un expediente abierto en el que se intenta determinar si el dirigente Raúl Castells participó de la organización, según él mismo dijera públicamente.

“Las investigaciones recién empiezan y por ahora se investiga cada caso en su jurisdicción, aunque pueda haber comunicación entre los investigadores. No se descarta ninguna hipótesis”; respondió una fuente judicial cuando se le consultó si se observaba una organización común detrás los hechos con características similares ocurridos esta semana.

Un caso que llamó la atención de la justicia y de la política fue el de una mujer del partido bonaerense de Lomas de Zamora que fue incorporada a un grupo de Whatsapp en el que se convocaba a saquear comercios: por temor a quedar involucrada en un hecho delictivo hizo la denuncia y eso permitió detener a los 4 supuestos instigadores en Ezeiza.

El martes último, cuando comenzaron a sucederse los intentos de robo, fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien denunció públicamente que ese “día empezó una campaña masiva por las redes sociales incitando a esa imagen de saqueo, un bombardeo constante”.

Durante la semana, fuentes consultadas por esta agencia aseguraron que distintas fuerzas policiales, a través de los trabajos de inteligencia criminal, habían detectado que desde días previos se habían comenzado a organizar robos.

Convocatorias a través de grupos de Whatsapp y agitación a través de redes sociales