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La amenaza climática, la guerra en Ucrania, la inflación y otros factores llevan a una situación crítica a millones de personas
Millones de personas, muchas de ellas niños, padecen dificultades alimentarias en América latina / Web
EDUARDO DAVIS
La amenaza climática, la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación global provocan una “policrisis” que pone en riesgo la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, afirmó la directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lola Castro.
La situación regional “continúa muy preocupante”, ya que “hemos tenido muchas crisis” en los últimos años y “las seguimos teniendo”, señaló Castro en el marco de un evento sobre capital humano en Brasilia.
“La crisis climática está subyacente, latente, nos toca todos los días a la puerta. Tenemos huracanes, inundaciones, sequías y ahora a El Niño con nosotros”, indicó.
Sobre ese fenómeno climático, que según científicos se prolongará “hasta mucho más allá” de mediados de 2024, explicó que agrava una situación ya preocupante, pues, por ejemplo, “mucha gente no ha conseguido plantar” en Centroamérica.
Esta amenaza se ha sumado a la crisis del Covid, que “redujo” el acceso a una alimentación de calidad y llevó a que en algunos países “los sistemas alimentarios se rompieran” y que millones de personas caigan en la pobreza, afirmó Castro.
Según la funcionaria del PMA, luego llegó la invasión rusa y “la crisis de Ucrania”, y con ello “una alta inflación de los precios de los alimentos en América Latina y el Caribe”, donde los países “son productores, pero también exportadores”.
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De acuerdo al PMA, en América Latina y el Caribe ha habido “una inflación de alimentos de hasta el 50% y hasta mucho más allá en algunos países”, como Argentina, todo lo cual ha concluido por generar lo que Castro define como una “policrisis”.
Como consecuencia, y según informes de Naciones Unidas, “tenemos 43 millones de personas en inseguridad alimentaria y, entre ellas, 11 millones en una situación severa” en América Latina y el Caribe, puntualizó.
Esa realidad impacta directamente en las operaciones del PMA, que hasta 2019 atendía en la región a 3,2 millones de personas y ahora “tiene que trabajar con 14 millones de personas que están en situaciones muy duras”, añadió.
Según Castro, “estas crisis múltiples” tienen como consecuencia “desnutrición y personas que no pueden tener sus cosechas y migran, salen de sus zonas rurales hacia las zonas urbanas y quedan en el camino”, pues tampoco acceden a una adecuada asistencia social.
La directora del PMA subrayó el impacto que toda esa situación ha tenido en la educación, en una región en la que 90 millones de niños dependen de la alimentación escolar.
“Si se quitan esos programas, como ocurrió durante la crisis del Covid, no van a la escuela, no aprenden y el capital humano de la región, que es una de sus grandes oportunidades, se cae”, afirmó.
En ese marco, se mostró convencida de que los Gobiernos deben promover la cooperación con los productores locales para mantener el flujo de alimentos de calidad hacia las escuelas.
“Una de las consecuencias de la crisis climática es que afecta la producción, pero también el transporte de alimentos”, por lo que las compras locales para abastecer a la población escolar, como se hace por ejemplo en Brasil, es “una de las soluciones”, aseguró.
Según Castro, ese modelo ayuda a reducir “las pérdidas” y genera “empleos sostenibles”, así como fomenta la productividad de las comunidades rurales y supone una suerte de freno a las migraciones, además de proveer “alimentos sanos y diversos”.
Más allá de Brasil, aseguró que existen buenas prácticas también en Guatemala, Colombia y otros países de la región, entre los cuales citó al empobrecido Haití.
“Muchas poblaciones rurales (haitianas), en unas zonas de mucha complejidad y violencia, producen y atienden a las escuelas”, ayudan a combatir el abandono escolar y “los niños y niñas van todos los días” a clase pese a la difícil situación del país, dijo.
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