Pymes ponen el grito en el cielo por un proyecto que encarece los despidos

La problemática del desempleo empieza a sentirse con más fuerza, de la mano de la recesión y la retracción del consumo en medio de la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores asalariados e independientes.

Ante esta realidad que deviene de muchos años en los que la economía argentina no crece ni genera empleo privado mientras que la inflación asusta por su capacidad de daño y permanencia en niveles elevados, en la Provincia de Buenos Aires los empresarios y comerciantes, en especial pymes, están con la guardia en alto por un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados bonaerense, promovido por dos legisladoras de La Cámpora, que propone incrementar los costos de despidos e indemnizaciones.

Ante el avance del proyecto, que deberá tratar la Cámara de Senadores en fecha aún a determinar, los empresarios bonaerenses reclaman casi al unísono que sea rechazado porque, de aprobarse “significaría el certificado de defunción de varias pymes y comercios de la Provincia”.

Durante una sesión celebrada el mes pasado en la Cámara Baja -que conduce el peronista Alejandro Dichiara- se votó la modificación del artículo 48 de la Ley 11.653, a fin de sustituir en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses del monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Y establece que el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador se deberá actualizar según el CER + 6% anual. El cálculo de tiempo se deberá computar desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente.

El proyecto impulsado por las diputadas camporistas Maite Milagros Alvado (de Monte Hermoso) y Soledad Antonia Alonso (de extracción sindical y de buena sintonía con el Ministro de Trabajo de Axel Kicillof, Walter Correa) recompone el monto de las indemnizaciones luego de juicios prolongados, “mediante una tasa de interés activa que actualiza el monto para que el trabajador no pierda frente a la inflación. Además, equipara la tasa de interés que se aplica en la provincia de Buenos Aires a la que actualmente rige en la Ciudad de Buenos Aires”, según se aprobó.

“El sistema de actualización conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”, explicaron a este diario desde sectores empresarios pyme.

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Las legisladoras del bloque de Unión por la Patria lograron la aprobación del proyecto con el peculiar apoyo de su bloque, más el de un grupo de diputados libertarios “acuerdistas” que lidera Gustavo Cuervo -bloque “Unión Renovación y Fe”- y la izquierda; el rechazo del PRO y la Coalición Cívica y la abstención de la UCR.

“De aprobarse por el Senado sería un golpe al trabajo y a la incorporación de personal” (Gliemmo)

FÉRREA OPOSICIÓN

Para Francisco Gliemmo, Presidente Honorario de la Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP) y titular del Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional, “este insólito e inexplicable proyecto de ley, hoy con media sanción de Diputados, en el contexto actual, es, de aprobarse, la carta de defunción de miles de pymes. Es inadmisible que en lugar de promover un proyecto de como sostener las menguadas fuentes de trabajo o proponer proyectos que alivien la presión impositiva, eliminarles obligaciones, cómo cargas públicas -como ser agente de recaudación de impuestos- se dediquen a proyectos destructivos como este”.

El industrial y empresario platense contó que “hemos conversado con senadores para que entiendan lo que significa su aprobación y, obviamente, sea rechazado. La preocupación generalizada, fundamentalmente del sector Pyme, sobre la modificación del art 48 de la ley 11.653, que como salió de Diputados y de aprobarse por el senado sería un golpe al trabajo y peor aún, a la incorporación de personal”.

El senador Carlos Curestis, presidente del bloque libertario del Senado de la Provincia de Buenos Aires, explicó a este diario que “Este proyecto va a en contra de lo que se dispone en Nación. Argentina es un país en el que la litigiosidad laboral es muy alta. Se plantea a nivel nacional rever el tema de las indemnizaciones, en pos de que el sector privado se arriesgue a crear un mayor número de puestos de trabajo. Se trata de una cuestión de fondo que compete a la Suprema Corte de Justicia de Nación, que es la que establece la fórmula de cálculo de los intereses”.

Además, Curestis agregó que “tenemos que dar el debate, pero sentando a la mesa a quienes tienen la posibilidad de crear puestos genuinos de trabajo”.

En tanto, desde la Federación Empresaria de La Plata (FELP) adhirieron al rechazo promovido por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), a la modificación del artículo 48 de la ley 11.653.

Al respecto, el dirigente de la FELP y titular de los comerciantes de calle 8, Valentín Gilitchensky, le dijo a EL DÍA que “si avanza ese proyecto para los comercios significa ir a la quiebra. Además va a frenar la contratación de empleados porque ya sabés que si tenés un problema a futuro y va a costar mucho más, lo pensás antes de contratar a alguien nuevo. Con la crisis que hay, esta normativa solo ayuda al desempleo, no a crear nuevos puestos de trabajo. No es beneficioso ni para el comerciante empresario ni para el empleado porque mucha gente no podría entrar en la formalidad. El Senado debería estar pensando en cómo dar incentivos a las empresas para crear nuevos puestos de trabajo y no en esto”.

Al respecto, el titular de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro manifestó “la enorme preocupación” que existe entre el empresariado y sostuvo que “con este tipo de cambios seríamos la única provincia del país que genera un incremento desproporcionado de las indemnizaciones y pasaremos de la industria a la megaindustria del juicio” porque “con este criterio de actualizaciones, no sólo se desfinancia a las pymes, sino que puede llevar a muchas a la quiebra”.

“Necesitamos preservar la actividad económica bonaerense a través de la salud financiera de las empresas promoviendo el trabajo, la producción y las economías regionales , ya que somos los que generamos el 80% del empleo y , a la vez, aportamos el 80% de los recursos al estado”, remarcó Siro.

El dirigente empresario también aseguró que “lejos de reducir la conflictividad, la va a incrementar notablemente y va a desalentar el crecimiento del empleo y de la actividad económica” en territorio bonaerense.

Para Juan Carlos Piancazzo, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, “La inflación persistente que golpea a la economía nacional ha sido, y continúa siendo, un factor extremadamente perjudicial para el equilibrio en las negociaciones y para la efectiva realización de los derechos. Por tanto, un enfoque interpretativo adecuado debe reconocer esta compleja problemática; no hacerlo sería negar la realidad. Una sentencia que implicara un pago de cierta cantidad de dinero hace una década, hoy podría convertirse en una suma considerablemente mayor debido al coeficiente que se quiere aplicar. Sin embargo, solo las grandes empresas pueden hacer frente a estas situaciones, ya que para una pyme podría suponer su quiebra.”

El rechazo también llegó desde otras cámaras empresarias. “El sistema de actualización, que ya se ha utilizado en los juicios laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha conllevado a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”, indicaron en comunicado que firmaron la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco), la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (Aehg), la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y afines (Cebra). También criticaron la iniciativa la Cámara de la Recreación, la Cámara Textil de Mar del Plata, la Cámara de Permisionarios del Nuevo Centro Comercial del Puerto y el Centro de Constructores y Anexos.