Milei recalibra el poder: la segunda fase de su proyecto, los desafíos y las tensiones que vienen

Transcurrida una semana de festejos y euforias, Javier Milei recalibra su proyecto político. Como lo reconoció en un reportaje a pocas horas del triunfo electoral, su mirada comienza a ver más allá del mandato de 4 años. Con ese objetivo, esta semana avanzó en la transformación de su equipo de gobierno y en el diseño de la agenda de temas urgentes.

Sin perder tiempo, el gradualismo no está en su manual operativo, el Presidente lanzó la orden de activar sesiones extraordinarias para tratar prioritariamente el Presupuesto 2026, un tratamiento que pondrá a prueba su cambio de talante en la relación con los gobernadores. También envió una señal con la baja de las tasas del Banco Nación, en el sentido de dar combustible a una reactivación económica.

La gira internacional de Milei y el contacto con posibles inversores apunta en esa misma dirección. La consigna parece ser avanzar lo más rápido posible, aprovechando la inercia de la victoria electoral y sabiendo por las experiencias del pasado que las dilaciones cuestan caro.

HACEN FALTA RESULTADOS

Milei sabe que el generoso crédito que le otorgó la sociedad el 26 de octubre tiene límites muy concretos y que las expectativas son muy grandes. Se llegó hasta aquí con un esfuerzo que alcanzó niveles de sacrificio en sectores amplios de la población. Todo eso demanda una compensación y la mejor de todas es empezar a ver resultados.

Esa perspectiva es la que terminó amalgamando al gobierno de Milei, que se impuso el deber de superar las internas que lo debilitan. Karina Milei y el súper asesor Santiago Caputo dieron señales de una tregua en su enfrentamiento.

Después de las fotos consagratorias en la Casa Rosada con la mayoría de los gobernadores y la efusiva presentación del nuevo gabinete al son de I feel good de James Brown, comienza la etapa de confrontar la dura realidad de negociaciones sobre temas que generarán fuertes resistencias. Reformar las leyes laborales y el viejo esquema tributario significa tocar intereses sensibles. Desarmar en nefasto impuesto a los Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento de las provincias sin alterar su equilibrio y reconfigurar el IVA y otros tributos nacionales evitando desfinanciar al estado es una tarea gigantesca de resultado incierto.

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MAYOR RESPALDO

Es claro que el desafío se afronta en condiciones mucho más ventajosas que las que auguraban el resultado de las legislativas de septiembre. Tras el batacazo de octubre, LLA se aproxima a un número de legisladores que ni los más optimistas podrían haber imaginado. Con la nueva composición parlamentaria, el oficialismo despejó el riesgo de juicio político, garantizó la inmunidad de los vetos y aleja la posibilidad de una reglamentación de los DNU que los esterilice como herramienta de gestión. No es poca cosa. Todo hace prever que el Congreso –y sobre todo el Senado- dejará de ser un apéndice burocrático del peronismo y exhibirá un mosaico de representación más colorido, donde la búsqueda de consensos reemplazará a la imposición autoritaria.

Las exigencias de las provincias por obra pública y transferencias de recursos coparticipables serán la probable moneda de cambio para dar luz verde a la discusión presupuestaria y de las reformas que se proyectan. En aras del superávit fiscal el gobierno recortó presupuesto destinado a construir y mantener infraestructura vial, hospitales, cloacas y agua potable.

LAS INUNDACIONES

Una consecuencia dramática de esa carencia son las inundaciones en el centro de la provincia que se vivieron esta semana, agudizadas por la falta de avance en el dragado del Río Salado, una obra que lleva 25 años desde su inicio. También, hay que decirlo, en esta penosa situación influyó de manera decisiva el agujero negro de la corrupción, que en estos días expone nuevamente a Cristina Kirchner como vértice de una asociación ilícita que desvió cientos de millones de dólares.

Todavía está por verse hasta dónde el Gobierno está dispuesto a llegar con los cambios, pero la CGT ya se puso en guardia ante la posibilidad de una reforma laboral que busque mejores condiciones de empleabilidad. Para esta nueva etapa los jefes sindicales decidieron renovar la conducción de la central obrera en un intento de mostrar caras nuevas en reemplazo de los viejos figurones. Apenas una fachada: detrás de los nombres poco conocidos del nuevo triunvirato estarán los caciques de siempre. Son ellos los que dirigirán la resistencia a las reformas. Tal vez la CGT debería medir más cuidadosamente su reacción y evitar caer en el acto reflejo de oponerse a todo lo que huela a cambio. La sociedad los mira con enorme recelo y su poder de fuego ya no es el de otras épocas.

En buena medida, su pérdida de influencia entre los trabajadores se debe al aumento del trabajo informal, que en Argentina afecta a un 43.2% de la población ocupada (más de 9 millones de personas), según datos del segundo trimestre de 2025 del INDEC. Lo que más parece despertar su oposición es la posibilidad de que se cambien las reglas de juego en la discusión de los convenios colectivos y se avance hacia un esquema que posibilite la negociación por empresa, debilitando su monopolio de representación y abriéndola a otros actores. Y por supuesto, la posibilidad de perder la cuota sindical compulsiva (que se lleva $1,3 millones por año por cada empleado) y la mayor caja, que son los fondos de las obras sociales.

Los cambios que se avizoran en el mundo de las relaciones laborales van a requerir de un sindicalismo fuerte, genuino y democrático que actúe como contrapeso al poder empresarial. Desde hace rato la “columna vertebral” se ha convertido en una caja recaudadora para mantener privilegios de casta. Allí la democracia no ha llegado y está pendiente la reforma de la ley de Asociaciones Sindicales. Vale la pena recordar que en septiembre de 2024 una iniciativa tendiente a democratizar esas organizaciones fue volteada en Diputados, con la anuencia de los legisladores libertarios. Con dictamen de mayoría, el proyecto buscaba regular el aporte sindical, la limitación de mandatos, la presentación de declaraciones juradas, la libre elección de la obra social, la representación de las minorías y la introducción del requisito de ficha limpia en el ámbito de los procesos electorales sindicales. A último momento, una negociación con la CGT llevó al oficialismo a retirar su apoyo a la iniciativa.

UNA NUEVA ETAPA

En este escenario, Milei inicia una nueva etapa de su gestión con un desafío del que hasta ahora ningún presidente no peronista logró salir airoso: obtener un segundo mandato consecutivo. Como Raúl Alfonsín y Mauricio Macri, la gestión libertaria obtuvo una contundente victoria en las elecciones legislativas de medio término (en el caso del presidente radical ese turno electoral no se registró a la mitad de su mandato que fue de 6 años), pero en ambos casos el resultado electoral favorable fue el último que consiguieron. Como se sabe, tanto Alfonsín como Macri debieron afrontar crisis económicas y el asedio del peronismo que los llevó a la derrota en las presidenciales (Alfonsín tenía constitucionalmente vedada la reelección y su candidato fue Eduardo Angeloz, quien resultó derrotado por Carlos Menem).

Transformar victoria en gobernabilidad y gobernabilidad en resultados es el desafío que afronta Milei. La sociedad ya hizo su parte. Ahora espera, expectante, que esta vez el desenlace sea distinto.