La reforma laboral pone el foco en el banco de horas y la flexibilización

Tras la victoria legislativa de octubre, el gobierno de Javier Milei decidió acelerar el debate sobre la reforma laboral. El objetivo oficial es simplificar normas, reducir costos y promover la contratación formal en un país donde, según el INDEC, el 36 por ciento de los trabajadores está en la informalidad y el empleo privado registrado creció apenas 2,1 por ciento interanual en septiembre.

La iniciativa se encuentra en elaboración por la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría Legal y Técnica, junto con representantes empresariales y sindicales en el Consejo de Mayo. Allí participa también Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, en representación de los trabajadores.

El borrador

El borrador de la reforma, inspirado parcialmente en un proyecto de la diputada Romina Diez, propone modificar convenios colectivos, digitalizar trámites laborales y habilitar la creación de un “banco de horas” que permitiría concentrar la fuerza laboral en momentos de alta demanda y compensarla con descansos equivalentes cuando la actividad disminuye.

Uno de los ejes más destacados es la negociación por empresa. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó que las paritarias deberían adecuarse “a las realidades productivas y económicas de cada región”. La idea de Milei y su equipo es que las compañías puedan acordar directamente con sus empleados sin depender de convenios nacionales que -argumentan- no siempre reflejan las condiciones locales.

El nuevo esquema daría prioridad al convenio de empresa por sobre los de actividad, y reemplazaría la actual indexación salarial por inflación por un modelo basado en productividad y mérito. Desde la Casa Rosada sostienen que los incrementos automáticos por suba de precios “se tornaron insostenibles” para gran parte del sector privado.

El “salario dinámico” se basa en incorporar variables objetivas de desempeño, productividad y cumplimiento de metas. “El que más produce, más gana”, resumen en el oficialismo. Según fuentes del Ministerio de Economía, esta modalidad permitiría premiar el esfuerzo individual y mejorar la competitividad sin comprometer la sustentabilidad de las empresas.

LE PUEDE INTERESAR

Rally bursátil: alivio y dudas pendientes en los mercados

LE PUEDE INTERESAR

El deporte femenino, un negocio global que crece a ritmo récord

Antecedentes

El Gobierno cita antecedentes en Europa y América Latina para respaldar la iniciativa. En España, el Estatuto de los Trabajadores permite distribuir de manera irregular hasta el 10 por ciento de la jornada anual, con un plazo de compensación de hasta 12 meses. En Alemania, el sistema Arbeitszeitkonto permite acumular horas trabajadas y utilizarlas como descanso o incluso como crédito de tiempo para prejubilaciones o licencias prolongadas.

En Brasil, el “banco de horas” fue creado en 1998 y reformulado en 2017. Puede acordarse de manera individual o colectiva, con plazos de compensación que van desde 30 días hasta un año. Si no se cumple, el empleador debe abonar las horas como extras con recargo. En Perú, el Tribunal Constitucional permite jornadas atípicas de hasta 48 horas semanales promedio en ciclos de tres semanas, una práctica común en minería y energía.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó cautela. “Si es para retroceder, no vamos a negociar. Hasta ahora no hay indicios concretos del borrador”, afirmó Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la central. En el sindicalismo temen que la flexibilización erosione derechos adquiridos y debilite la negociación colectiva nacional, considerada una herramienta clave para equilibrar la relación entre empresas y trabajadores.

El Gobierno, en cambio, plantea que el modelo actual limita la creación de empleo formal. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre 2012 y 2023 el empleo asalariado privado apenas creció de 6,1 a 6,3 millones de puestos, mientras que el cuentapropismo aumentó en más de 1,2 millones.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostiene que “Argentina tiene una rigidez en su estructura laboral que impone un mismo salario en todo el país”. Según sus cálculos, una mayor flexibilidad podría aumentar hasta en 15 puntos el nivel de empleo.

El texto preliminar también incorpora medidas para agilizar la relación entre empleador y trabajador. Se prevé digitalizar los procesos de registro, reducir trámites y permitir que los sueldos puedan abonarse en la moneda que las partes pacten, sin obligatoriedad de hacerlo en pesos.

“Un régimen moderno debe adaptarse a la realidad productiva de cada sector y región”, explican en la Secretaría de Empleo. Allí destacan que el país tiene más de 600 convenios colectivos vigentes, muchos de los cuales no se actualizan desde hace años.

El Consejo de Mayo, liderado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será el espacio donde se consolidará el texto final. El Ejecutivo busca presentarlo al Congreso durante las sesiones extraordinarias junto con el Presupuesto 2026 y la reforma tributaria.

Julio Cordero sostuvo que la reforma apunta a “fortalecer al sector privado como motor del desarrollo” y a crear condiciones para que el trabajo formal sea la norma y no la excepción. En ese sentido, remarcó que el empleo registrado cayó de representar el 53 por ciento del total en 2011 al 46 por ciento en 2023, mientras el empleo informal creció más de 10 puntos en el mismo período.

El oficialismo defiende que las paritarias por región o provincia permitirían reflejar mejor las diferencias de productividad entre zonas. “Un salario uniforme en todo el país desalienta la creación de empleo en las provincias menos desarrolladas”, afirma Sturzenegger.

En la administración Milei aseguran que las modificaciones no implican una pérdida de derechos sino una reorganización del sistema para hacerlo “sostenible”. Su meta, explican, es promover un marco laboral “ágil y equitativo”, capaz de acompañar los cambios tecnológicos y la transformación productiva.

La Casa Rosada confía en que la modernización del régimen laboral, junto con la reforma tributaria, siente las bases para un nuevo ciclo de crecimiento basado en productividad y empleo formal. Para los gremios, en cambio, la discusión apenas comienza y el debate será intenso.