El Estado argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Loretta Preska, del Segundo Circuito de Manhattan, que obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado. En la presentación efectuada en el caso “Burford Capital/Eton” se destacan los siguientes argumentos, según consta en el escrito:
Violación del derecho internacional y de la FSIA: la orden de entrega de las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
“Conflicto con el derecho argentino y afectación a la soberanía: la orden obliga a Argentina a actuar en violación de su propia ley (que prohíbe la transferencia de las acciones sin una mayoría calificada del Congreso) o modificar su legislación, afectando gravemente su soberanía y generando un precedente de injerencia judicial sin precedentes.
Daño irreparable para el país: de ejecutarse la orden, Argentina perdería el control mayoritario sobre su principal empresa energética.
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