El Gobierno anunció el cierre de Vialidad Nacional: "La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada"

El Gobierno de Javier Milei dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo esta tarde que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, en referencia al cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno. En conferencia de prensa, Adorni detalló que la medida saldrá publicada en el Boletín Oficial de mañana.

El nuevo organismo pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte” y será la Autoridad de Aplicación a que refieren todas las normas y actos administrativos que se relacionen con la fiscalización de las concesiones viales.

El Gobierno tomó la medida en el último día de las facultades delegadas de las que hizo uso el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Las facultades delegadas, que permiten al Poder Ejecutivo tomar decisiones de gobierno sin pasar por el Poder Legislativo, habían sido incluidas en la ley Bases, sancionada por el Congreso en junio del año pasado.

Tras ello, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que el presidente Javier Milei “va a agasajar” a “las 200 personas que trabajaron en este año de facultades delegadas”, una habilitación para el Poder Ejecutivo sancionada en la ley Bases y que vence mañana. 

Qué funciones tendrá

Entre las funciones previstas para el nuevo esquema, se cuentan: fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, en lo que respecta a las obligaciones contractuales, técnicas y operativas, pudiendo realizar inspecciones in situ y solicitar a los operadores y concesionarios la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

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También fiscalizar los contratos de concesión vial, controlando su ejecución, en coordinación con el organismo competente en materia de procesos licitatorios, con el fin de asegurar la separación de funciones entre la fiscalización de los contratos y la administración de procesos licitatorios.

A su vez fiscalizar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, y sus permisos de explotación, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las personas transportadas.