En medio de la seguidilla de amenazas de tiroteo en escuelas de La Plata y la Región, los investigadores judiciales que intervienen en la causa elevaron al Ministerio de Seguridad un oficio con pautas concretas de actuación ante nuevos episodios.
La medida surge a partir de la situación registrada en los últimos días, con unas 50 denuncias acumuladas y hechos que, en muchos casos, se repiten con características similares, como advertencias de balaceras escritas en las instituciones educativas o a través de redes sociales por un “reto viral”.
Según se desprende del documento de la UFI N° 16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, ante cada amenaza deben iniciarse actuaciones judiciales de manera inmediata. A la vez, en un plazo de hasta seis horas se deberá contar con las pericias necesarias para esclarecer los hechos. Entre otras, relevamiento de imágenes, análisis de dispositivos tecnológicos y recolección de pruebas.
Además, se indica que la Policía tendrá que reforzar las medidas de seguridad en los establecimientos educativos, al tiempo que las actuaciones deberán ser remitidas rápidamente a las áreas investigativas para profundizar cada caso.
El oficio también plantea la necesidad de avanzar con acciones de concientización dirigidas a estudiantes sobre la gravedad de este tipo de amenazas y sus consecuencias, tanto penales como sociales.
En ese contexto, no se descarta que, una vez identificados los responsables, se impulsen acciones civiles para reclamar los costos que generan los operativos, incluso contra los padres en caso de que se trate de menores de edad.
Mientras tanto, el fenómeno mantiene en alerta a la comunidad educativa, con episodios que ya derivaron en evacuaciones preventivas, suspensión de clases y operativos policiales en distintos puntos de la Región.
Reclaman políticas integrales
Desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) insisten en que “los sectores juveniles y de la infancia son de los más alcanzados por la crueldad y brutalidad de este presente”. “La precarización de la vida material y cultural, la trama de violencias vertebradas por la pobreza, las políticas públicas que no se hacen cargo de la profundidad de sus padecimientos, enmarcados en discursos estigmatizantes, de odio y frustración, es lo que se expresa hoy en estos hechos”, agregaron a través de un comunicado.
En este sentido, se reclamó fortalecer las políticas integrales para los estudiantes y la comunidad educativa. En tanto, recalcan la importancia de investigar a fondo el surgimiento de estas amenazas en instituciones escolares.
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