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Los Báez dan señales de que no se irán del país

Los Báez dan señales de que no se irán del país

José Sbatella, ex jefe de la UIF

23 de Marzo de 2016 | 02:03

El empresario kirchnerista Lázaro Báez y su hijo Martín pusieron a disposición del juez federal Sebastián Casanello sus respectivos pasaportes, como forma de garantizar que no se irán del país tras ser llamados a prestar declaración indagatoria en la causa por lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Mientras, Casanello interrogó a un experto del Banco Central y le mostró los videos de “La Rosadita” para que intentara estimar cuánto dinero se estaba manipulando, pero el testigo no pudo cuantificarlo porque no hay certezas sobre si los billetes eran de 1 dólar o de 100, indicaron fuentes judiciales.

Frente a eso, el abogado de los Báez, Daniel Rubinovich, presentó ayer en el juzgado los pasaportes de sus clientes, aunque no le había sido requerido, como una muestra de que no se ausentarán del país.

Zanzot, en tanto, nombró como defensor a Iván Mendoza, un abogado que ya había intervenido como representante legal de Leonardo Fariña, sindicado como el “valijero” y quien está preso desde hace dos años por orden de la Justicia bonaerense a raíz de una supuesta “evasión agravada”.

Mientras, el diputado radical por Santa Cruz Eduardo Costa sostuvo que los miles de dólares que se vieron en las últimas filmaciones en la financiera La Rosadita “no alcanza el 1 por ciento” del patrimonio de la ex presidenta Cristina Fernández. “La primera fuente del gobierno kirchnerista eran los retornos con las obras públicas y el subsidio al transporte, y la segunda ruta era Lázaro Báez”, señaló.

DENUNCIAN A STABELLA

Por potra parte, un fiscal federal denunció al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el kirchnerismo, José Sbatella, por haber demorado durante unos dos años el aporte a una causa judicial información que podría comprometer la situación del empresario Báez. Se trata de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que la UIF recibió en junio de 2013 y que fueron remitidos a la fiscalía especializada en lavado de activos (Procelac) en febrero de 2015.

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