“El Gobierno quiere llevar los aumentos a la Corte para ganar tiempo” señaló el juez Arias

Tras la sucesión de amparos contra los aumentos en los servicios que se otorgaron a varias ciudades del país, el gobierno realizó una presentación judicial con el objetivo de reunir todas las causas que se encuentran relacionadas con la facturación de servicios con "tarifazo" en un solo juzgado para que de este modo se logre tratar los casos con un criterio unificado.

El Juez Arias, uno de los magistrados que puso freno a los aumentos ordenando en los primeros días del mes de junio a cuatro empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, entre ellas EDELAP, suspender el aumento de las tarifas, se refirió al planteo del gobierno en la entrevista que brindó hoy a JUSTICIA EN PRIMERA.

En este sentido el magistrado fue tajante al asegurar que con la demanda que se interpuso ante la justicia, el Ejecutivo quiere originar un conflicto positivo de competencia para que de este modo los litigios por los aumentos lleguen a la Corte Suprema de Justicia.

Según sus proyecciones, con esta estrategia de querer llegar al máximo organismo de justicia nacional, el gobierno lograría “ganar tiempo” en la aplicación de los aumentos, pues, como explicó, el proceso demandaría varios meses.

Señaló en la misma línea que además, en el caso de que la Corte fallara a favor de los usuarios, existe otro riesgo que igualmente puede vulnerar la situación de los usuarios. “Existe la posibilidad de que las empresas prestatarias de servicios no devuelvan las diferencias de dinero que pudieran existir tal como ocurrió con el caso de ABSA” resaltó.

Arias recordó el antecedente de aumento en el cuadro tarifario de Absa en el año 2012. Al respecto señaló que hasta la fecha no se ha cumplido con el fallo de la justicia de devolver a los usuarios la diferencias cobradas.

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Sobre el caso hizo hincapié además en que el aumento se realizó sin consulta pública por lo que enfatizó en  la necesidad de convocar a una audiencia pública de carácter previo ya que, según su análisis, sin este trámite “se está vulnerando el derecho a la información que tienen los argentinos”.