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Cada operativo que debe desarrollarse ante una amenaza de bomba tiene un alto costo. Según señaló ayer el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, “en la búsqueda de explosivos existe un costo directo de entre 30 y 50 mil pesos, a lo que habría que sumar el costo para el poder judicial. También hay gastos improductivos que implican la afectación de recursos que pueden llevar a unos 100.000 pesos”.
A raíz del cambio en el Código Cilvil, ahora serán los padres de los menores que hayan cometido estos delitos los que tendrán que hacerse cargo de los costos.
Pero además, el Procurador consideró que si las amenazas de bomba se generalizan, “habría que evaluar una reforma del código penal para la tipificación de estos casos, actualmente identificados como delitos de intimidación pública”.
Cabe destacar que ayer cinco menores fueron identificados por realizar varios llamados con falsas amenazas de bomba a escuelas en los partidos bonaerenses de San Miguel y La Matanza, y a estos casos se suman otros cuatro identificados el miércoles.
En este marco, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, aseguró que “ya son 120 las causas” por amenazas a colegios que se tramitan “tanto en el orden federal como provincial”, y que las autoridades bonaerenses iniciarán una “causa civil contra los padres para que se hagan responsables”.
Ya el gobierno provincial había anunciado el último viernes que promovería demandas por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas, tras el aumento exponencial que se verificó desde el inicio de septiembre, y que ascendían hasta ayer a casi 3.000 amenazas.
A su vez, desde la Dirección General de Cultura de Educación de Buenos Aires se estableció un protocolo de actuación y se envió hace dos semanas un material pedagógico para “concientizar a los chicos y a las familias” en los partidos más afectados del conurbano, como Morón, La Matanza, Ituzaingó, Tres de Febrero y Merlo.
Pero los casos parecerían expandirse por todo el país. Ayer, un menor de 17 años y otros dos jóvenes fueron detenidos en la capital de Salta por efectuar amenazas telefónicas a las instalaciones del ex Colegio Nacional y la Escuela Técnica 2 de esa ciudad.
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