El ex jefe de la Afip sumó otro revés judicial

El ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray recibió su segundo procesamiento en apenas pocos días, ahora en el marco de una causa que investiga sobreprecios en la contratación de una empresa de limpieza por parte del organismo estatal.

Según fuentes judiciales, el juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento de Echegaray por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, y lo embargó en la suma de 15 millones de pesos.

Desde mayo, que Echegaray declaró en indagatoria, se estaba a la espera de la resolución procesal sobre el ex funcionario.

El viernes último Echegaray quedó a las puertas de un juicio oral cuando la Sala I de la Cámara Federal, a instancias de su superior -la Cámara de Casación-, confirmó otro procesamiento de Echegaray como instigador de “falso testimonio” en una causa impulsada por el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay por acusarlo de ser parte de una maniobra de evasión impositiva, como apoderado de las cuentas de la familia de la empresaria Amalia Fortabat en Suiza.

Además, la semana pasada la Oficina Anticorrupción pidió al juez federal Ariel Lijo que firme su procesamiento en la causa Ciccone.

Hace exactamente un año, en noviembre de 2016, el fiscal Federico Delgado imputó a Echegaray por haber avalado un sobreprecio de $3.386.705,71 en la contratación de la empresa de limpieza “Limpiolux SA”.

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Delgado pidió la indagatoria por “una maniobra delictiva en la adjudicación de la licitación 99/10 a favor de la empresa ‘Limpiolux SA’, por un monto total mayor a los quince millones de pesos, el cual excedía aproximadamente en el doble a aquel presupuestado por la empresa ‘Ricardo Bilbao’ para la misma licitación, la cual venía brindado el servicio de limpieza del edificio central de la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el año 1981”.

En el procesamiento firmado ayer, el juez Torres sostuvo que “inútiles” resultaron las explicaciones de Echegaray para justificar la contratación y “el deber de velar por el interés del Estado”, luego de que él mismo reconociera que en otro procedimiento se había apartado de las recomendaciones.