Una causa que se generó a partir de la construcción de viviendas sociales

A principios de agosto del año pasado y luego de haber sido citada por segunda vez, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, debía presentarse a declarar ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que tiene a cargo la causa por el programa de viviendas sociales del kirchnerismo Sueños Compartidos.

Pero Hebe no se presentó y el magistrado la declaró en rebeldía y ordenó detenerla. ¿De qué se la acusa?

De Giorgi busca determinar cuál fue la responsabilidad de Bonafini en un supuesto fraude al Estado a través del programa viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo (FMPM).

Para la construcción de las casas, la FPMP había celebrado una serie de convenios con el Ministerio de Trabajo, que encabezaba Carlos Tomada.

Según consta en la resolución del juez, Trabajo desembolsó entre 2008 y 2011 la suma de $ 58.834.800 para asistir a la FMPM.

Entre otros puntos, no se pagaron aportes de empleados, las obras carecían planes de trabajo ajustados a un calendario y los presupuestos carecían de apertura de ítems. Además, el valor del metro cuadrado superó el costo fijado por el Programa Techo Digno.

En lo que a la aplicación de los fondos que el Gobierno kirchnerista había girado, el juez determinó que de los $ 748.719.414,64 que la subsecretaría de Obras Públicas había transferido a las jurisdicciones locales y que fueron canalizadas en distintas cuentas bancarias de la FMPM, sólo $516.247.173,07 pudieron ser asociados a débitos vinculados a la gestión de obras. Es decir, $ 206.438.454,05 fueron desviados sin un fin específico.

En esa causa, el magistrado citó a otras 42 personas, entre las que se encuentran los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y varios ex funcionarios de los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

El 6 de julio de 2016, la titular de Madres de Plaza de Mayo ya había faltado a la primer citación que le había hecho el juez y no podía desconocer que en esta oportunidad podía ser llevada por la fuerza pública.

SE TOMO SU TIEMPO

Pero el juez Di Giorgi se tomó su tiempo, sufrió humillaciones públicas pero finalmente avanzó sobre el desvío de 206 millones de pesos que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner le dieron a las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.

Y lo hizo tanto con Sergio Schoklender -que sería el cerebro de toda la operación-, como con Hebe Bonafini -un símbolo de la lucha contra la dictadura por los derechos humanos- y sobre todo los financistas que cambiaron los cheques oficiales en la maniobra.

En agosto del año pasado, Martínez Di Giorgi evitó obligar a Bonafini a concurrir por la fuerza a tribunales a declarar como imputada, evitando un choque entre militantes K y la policía y sufrió todo tipo de críticas. Di Giorgi finalmente indagó a Bonafini semanas más tarde y sin conflictos porque como presidenta de la fundación avaló todas las decisiones de Shoklender, a quien había adoptado casi como un hijo luego de que el parricida salió de la cárcel y nombrado al frente de la histórica fundación.