Muchos interrogantes deben ser despejados en torno al trágico final de la joven Lara

Suele ser propio de las causas penales que, en los casos de suicidios, se cierren sin más las actuaciones una vez cumplidas las instancias de prueba. Sin embargo, no pareciera ser ésta la alternativa inmediata de la investigación que realiza la justicia federal platense sobre el suicidio de Lara, la joven estudiante del Colegio Nacional que días atrás adoptó la terrible decisión de quitarse la vida disparándose un tiro en la boca durante el curso de una clase y delante de sus compañeros.

El juez actuante comenzará a tomar declaraciones testimoniales en la causa por averiguación de las causas del suicidio; en una primera etapa, se citará a profesores, preceptores y autoridades escolares; luego será el turno de los compañeros, acompañados por sus padres, una vez que sean evaluados por especialistas de la UNLP, con el propósito de determinar quiénes de todos ellos puedan tener algo relevante para aportar y estén en condiciones de hacerlo.

Existen, por cierto, demasiados interrogantes sin despejar en torno a un caso cuyo debido esclarecimiento no debería circunscribirse al de la sola determinación de la víctima, una eventualidad que, sin dudas, dejaría al margen una serie de factores demasiado importantes a la hora de analizar esta dolorosa muerte.

Se anunció, así, que en estas horas podrán abrirse nuevos frentes judiciales por las presuntas amenazas e instigaciones relacionadas al caso, en sendas denuncias que, según trascendió, presentarán la Universidad Nacional de La Plata y los padres de los compañeros de Lara. Por un lado, la UNLP reclamará que se investigue si existió una “instigación a cometer delitos” desde la red social Voxed, sitio que, en síntesis, ofrece una pizarra virtual en la que se pueden publicar textos e imágenes de cualquier tenor bajo el paraguas del anonimato.

Al mismo tiempo, los padres de los compañeros de la chica que se quitó la vida requerirán que se determine y eventualmente sancione “el uso indebido” de imágenes de los adolescentes como pie para “escracharlos” y formular “amenazas directas” contra ellos. De este modo podría verse ampliada -y sobran elementos para ello- una causa que podría haber cerrado, si se quiere rutinariamente, encapsulando el hecho en la mera definición de que se trató de un acto personal, exclusivamente voluntario.

Existen demasiados interrogantes sin despejar en un caso cuyo esclarecimiento no debería circunscribirse al de la sola determinación de la víctima

Se ha dicho ya en este diario y así lo confirmaron numerosos especialistas, que el caso de Lara reclama que se extraigan conclusiones generales, sin perjuicio de las propias investigaciones que la Justicia debiera adelantar sobre el grave problema que hoy plantea el uso indiscriminado de las redes sociales por parte de los jóvenes. Si bien las redes sociales se caracterizan por la facilidad de su acceso y porque mantienen el anonimato, una constante prédica de tipo educativo y, a la vez, la toma de algunas medidas que restrinjan, al menos, el uso de esas redes en las aulas a través de los celulares, podrían ser analizadas.

Se sabe, además, que muchas aulas se han convertido en escenarios de peleas entre compañeros, de ataques físicos o verbales de alumnos a docentes. Pero otro punto a considerar tiene que ver con la inexplicable facilidad con que algunos jóvenes cuentan en sus hogares para tener acceso a las armas de fuego, un tema sobre el que también el Estado debiera trabajar a través de intensivas campañas de concientización.

Se conoce, también que la mayoría de los intentos de suicidios durante la adolescencia suelen estar precedidos de señales anticipatorias formuladas por los protagonistas, que el entorno -aquí debe hablarse de los padres y del medio familiar- suele no ver, sea por desatención o por falta de preparación en los adultos. Esa alternativa no parece exagerada si se toma en cuenta que la tasa de suicidios entre la población adolescente se duplicó a lo largo de la última década, hasta convertirse en la segunda causa de muerte entre los argentinos que tienen entre 14 y 24 años, según datos del Ministerio de Salud nacional. Es seguro que una mejor relación entre los padres y sus hijos evitaría muchos de estos episodios.

El caso de Lara -aún no cerrado judicialmente- no sólo mantiene aspectos enigmáticos que debieran dilucidarse judicialmente, sino que reclama también la profundización de investigaciones sobre las redes sociales, que tanto influyen hoy, para bien o para mal, sobre los jóvenes.

Lo que debiera tenerse en claro, asimismo, es que el bien supremo que debe tutelarse aquí es el de la adolescencia, necesitada de contar con recursos culturales y de conocimiento para superar los desafíos que plantea un progreso tecnológico tan desbordante como, muchas veces, descontrolado.