Investigan manejos mafiosos con las casas de Tolosa que entrega el Estado

“No se puede hablar porque están por acá y se escucha todo”. Palabras más, palabras menos, el cuidado se repite en algunos de los complejos de viviendas de Tolosa que construyó el Estado con la finalidad de facilitar el acceso a familias e incluso a jubilados, pero cuya asignación a esas necesidades hoy está en el centro de una madeja de sospechas que la asocian a grupos de la zona vinculados a prácticas delictivas.

La pista derivó de declaraciones testimoniales y de los primeros tramos de una investigación judicial que nació con la denuncia que realizó hace unas tres semanas Stella Luna, una mujer embarazada y con cinco hijos menores que dijo haber sido echada a la calle de su casa, en 17 casi esquina 524. Precisó que en su ausencia tiraron la puerta abajo y un hombre acompañó la orden de retirarse con una pistola en la mano.

Según contó la mujer, se completaba así una tormenta ideal: sin trabajo, sin marido y sin casa, transformó una camioneta Peugeot Partner en la que antes repartía panificados en una habitación para seis personas.

La historia terminó bien para Luna. A quien denunciaba por la presunta usurpación le devolvió la llave en una encuentro en la comisaría del barrio (Undécima). El apuntado le cuestionó esa acusación y hubo un intento, infructuoso, de que lo desligara de la denuncia.

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo (UFI Nº 17) sigue adelante con la causa que abrió la presentación de la mujer. Tras escuchar a varios vecinos de la cuadra y a otros referentes del barrio, advirtió que ese conflicto puede representar la punta de un ovillo que esconde manejos delictivos de los derechos de posesión y propiedad de un segmento extendido en el complejo “Justicia Social”, que tiene 260 viviendas distribuidas en el predio delimitado por las calles 17, 19, 524 y 526.

“Lo que podemos ver hasta el momento es que en este problema nadie puede demostrar que tiene el derecho de propiedad o posesión de la vivienda”, dijo una fuente de la causa. La mujer que denunció la toma mostró un acta de negociación, derivada de una compra en 2013, por 75 mil pesos. Ante la Fiscalía fue más beneficiada por testimonios de vecinos que la reconocen como par en la zona desde hace varios años.

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“Algunos vecinos declararon que no la conocían, otros que sí. Entre los que dijeron no conocerla vemos la posibilidad de que haya parientes de las personas denunciadas. A la vez, la señora trajo un acta que explica una venta pero no está firmada”, dijo una fuente de la causa a este diario. A la vez, en la UFI Nº 17 no pasó desapercibido que la casa de la discordia está formada por dos departamentos duplex pegados y unidos, donde funcionó un local comercial. “Sin mirar lo del negocio, en un barrio que construye el Estado, debe haber una familia por casa”, se apuntó.

Ante el panorama que se delineó a partir de la denuncia y el revuelo que generó en la Ciudad una embarazada viviendo en una camioneta con cinco hijos, en la Fiscalía ampliaron la mirada a manejos similares sobre otras propiedades del complejo. Entre las primeras medidas resueltas sobre el final de la semana está una solicitud de informe al Instituto de la Vivienda del Ministerio de Infraestructura Provincial: “Queremos saber quiénes son todas las personas adjudicatarias de las viviendas”, dijo la fuente.

Según un informe de ese organismo al que accedió este diario en marzo, al menos 130 casas del complejo están en litigio judicial por usurpación. Para acceder a las viviendas hay que carecer de propiedades y suscribir un convenio de pagos mensuales, con cuotas bajas, durante décadas.

En esos días, la Ciudad fue conmovida por otro hecho policial de ese complejo, a metros de la vivienda que dijo haber comprado Luna. De madrugada, mientras estaba con amigos y uno de sus hermanos, Miguel Heredia recibió un disparo en la cabeza. El joven de 22 años había llegado al barrio hacia unos dos meses junto a su pareja y dos hijas pequeñas. Según contaron sus familiares, le había comprado la casa a un ex barra brava de la zona, entregando como pago un Volkswagen Bora 2014.

Tras el crimen, su mujer dejó el barrio y según la familia la casa fue usurpada.

La fiscal Di Lorenzo investiga en estas horas si una familiar del ex barra aparece como titular de la vivienda que reconquistó Luna.

Heredia fue baleado en lo que se investiga como un ataque de un grupo de personas. Se sospecha que la agresión derivó de tensiones entre grupos vinculados a actividades delictivas como el robo y el narco menudeo que se disputan el control de la zona. Algunos nombres y apellidos que se asocian con esas tensiones volvieron a aparecer durante los últimos días en el litigio por la vivienda que Luna reclama como propia.

¿la megabanda en tolosa?

En el escenario de la ilegalidad en el complejo, durante los últimos días también apareció la sombra de uno de los sospechosos en la investigación de delitos que permitió delinear una presunta asociación ilícita que estaría conformada por policías, magistrados y presuntos ladrones y estafadores.

En la UFI Nº 17, que tiene causas derivadas de ese caso, investigan si Héctor “Pepe” Vega desarrolló algún vínculo con las maniobras de las que hablan los vecinos en el complejo. Actualmente, está detenido en el marco de la investigación por el crimen del ex convicto Juan Farías en 2010. Se trata del caso que abrió la “caja de Pandora” y condujo hacia la presunta asociación ilícita en la que está acusado como líder el ex juez César Melazo.

Los rastros de la propiedad de las casas tienen una huella de una década. El complejo de cuatro manzanas se terminó de construir en 2007 con una versión acotada del plan original de los ´80.

El acceso a la casa propia para familias con necesidades estuvo condicionado por un traumático proceso generado con ocupaciones masivas registradas a fines de aquel año, en las horas previas al recambio de autoridades de gobierno en la Ciudad y la Provincia.

Fueron jornadas de violencia donde también se zanjaron diferencias con armas en la mano. En el vecindario donde las paredes escuchan algunos vecinos que solo acceden a hablar en voz baja coinciden en que, desde entonces, allí las casas se compran y se venden en un mercado con nombres propios.

De vuelta al caso Luna: la mujer reconoce como posibilidad que su pareja, antes de caer preso por una denuncia de abuso sexual que ella realizó en su contra, haya negociado una venta informal de la casa a la que llegaron juntos en 2013.

Lo habría hecho con una hermana quien luego la habría negociado con la persona a la que la embarazada denunció por la usurpación.

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