La Cámara Federal de Casación dejó firmes hoy las prisiones preventivas dictadas a empresarios y ex funcionarios kirchneristas en la causa por los cuadernos de la corrupción, por lo cual seguirán detenidos a la espera de una decisión sobre sus procesamientos.
La decisión del máximo tribunal penal del país recayó sobre José María Olazagasti, Rafael Llorens, Hernán Gómez y Walter Fagyas, todos ex funcionarios del kirchnerismo, y sobre los empresarios Gerardo Ferreyra, Raúl Vertúa, Juan Lascurain y Néstor Otero, según resoluciones firmadas por la sala I de Casación.
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"La Cámara evaluó correctamente en relación a José María Olazagasti, los riesgos procesales de entorpecimiento en la investigación", sostuvieron los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone en el caso del ex secretario privado del también detenido Julio De Vido.
Con similares argumentos rechazaron analizar los pedidos de excarcelación de los ex funcionarios y empresarios y declararon "inadmisibles" sus recursos.
Los planteos habían sido negados ya por la sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal intermedio de apelaciones, por entender que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación que lleva el juez federal Claudio Bonadio.
"La Cámara valoró no solo la gravedad del hecho objeto de investigación –presunta comisión del delito de asociación ilícita, art. 210 del C.P.-, sino también su extraordinaria magnitud, que se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de prueba", sostuvo Casación.
"Caracterizado además por una compleja y voluminosa investigación que se halla en plena sustanciación inicial, cuyo alcance no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarea", avalaron ahora los jueces de Casación.
Todos fueron procesados con prisión preventiva por Bonadio, en un fallo que ahora está bajo revisión de los camaristas de la instancia intermedia de apelación Carlos Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Estos camaristas se aprestan a resolver también un pedido de excarcelación de Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario privado del fallecido Nestor Kirchner, Daniel Muñoz, investigada por lavado de dinero, según la acusación de cobro de sobornos relatados en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.
En relación a Pochetti, fueron detenidos ayer en México y Estados Unidos dos prófugos vinculados a las operaciones de lavado de dinero por más de 70 millones de dólares, Carlos Gellez y Perla Puente Resendez, ambos con pedido de captura internacional firmado por Bonadio.
En cuanto a Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, el ex titular de la Unión Industrial Argentina Lascurain; Vertua, de Servicios Vertua SA, y Otero, de Trenes de Buenos Aires, fueron procesados como supuestos miembros de una asociación ilícita y por el pago de sobornos a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros miembros de su gabinete acusados.
Por estos delitos enfrentan condenas que llegan hasta los diez años de prisión.
Respecto de los ex funcionarios que seguirán presos, Olazagasti y Gómez eran secretarios del también detenido De Vido, mientras que Llorens era funcionario de Planificación, y Fagyas presidía el ente estatal Enarsa.
La semana pasada los mismos camaristas de Casación rechazaron excarcelar a otros procesados presos, Nelson Lazarte, el empresario Carlos Mundin -de la firma BTU- y el ex funcionario de Planificación Federal Fabián Ezequiel García Ramón.
En esos fallos firmaron los camaristas Petrone y Barroetavena, con la disidencia de la tercera integrante del Tribunal, Ana María Figueroa, quien ahora no suscribió las nuevas resoluciones porque se tomó licencia.
En la investigación están procesados con prisión preventiva la ex presidenta y actual senadora Kirchner, en libertad por sus fueros parlamentarios, De Vido y el ex jefe del chofer Centeno, Roberto Baratta, entre otros.
Bonadio excarceló a quienes firmaron un acuerdo para convertirse en imputados colaboradores y según el criterio de los fiscales del caso, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, aportaron información sustancial a la pesquisa, como fueron los casos del ex chofer Centeno, los empresarios Angelo Calcaterra y Carlos Wagner, y ex funcionarios como José López (preso por otra causa) y Claudio Uberti.
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